Las reglas mediante las cuales se accede a un cargo de elección dicen mucho sobre la democracia que una sociedad pretende construir, y Coahuila acaba de modificar una parte importante de esas reglas.
El Congreso del Estado concluyó un procedimiento de reforma constitucional con el que quedan incorporados cambios relacionados con la reelección inmediata, el nepotismo electoral, la integración de los ayuntamientos y otras disposiciones que modificarán gradualmente la forma en que se competirán los cargos públicos en el estado.
Pero quizá lo más importante para los ciudadanos sea entender algo mucho más sencillo, 2027 y 2030 no se jugarán bajo las mismas condiciones.
El proceso electoral de 2027 será el primero en el que empezarán a observarse algunos de los cambios recientemente aprobados, particularmente en la integración de los ayuntamientos. Sin embargo, quienes actualmente ocupan determinados cargos todavía podrán buscar la reelección conforme a las reglas vigentes.
La prohibición definitiva de la reelección inmediata comenzará a aplicarse a partir de los procesos electorales de 2030.
Hasta entonces, las diputaciones locales y quienes integran los ayuntamientos podrán buscar permanecer en sus posiciones dentro de los límites que establece actualmente la legislación. Tampoco estarán obligados necesariamente a separarse de sus responsabilidades para contender nuevamente, aunque deberán respetar las restricciones relacionadas con el uso de recursos públicos y los actos de campaña.
Eso significa que en 2027 todavía veremos candidatos que simultáneamente son funcionarios en ejercicio y que buscarán convencer a los ciudadanos de otorgarles la confianza para asumir un nuevo periodo. No será una irregularidad. Será la última etapa de un modelo que comienza a modificarse.
A partir de 2030 el escenario será distinto. Quien ocupe una diputación, una presidencia municipal, una sindicatura o una regiduría ya no podrá buscar inmediatamente el mismo cargo para el periodo siguiente.
La reforma recupera así un principio arraigado en la historia y que además ha sido la columna vertebral de la política mexicana, limitar la permanencia consecutiva en los cargos de representación, principio que consagró en la frase proclamada por Francisco I. Madero, “Sufragio efectivo, no reelección”.
La discusión sobre la reelección nunca ha sido sencilla. Quienes la defienden argumentan que puede profesionalizar legisladores y gobiernos municipales. Si un alcalde administra correctamente un municipio, los ciudadanos pueden mantenerlo en el cargo. Si un diputado desarrolla productividad legislativa, no parece lógico obligarlo a salir precisamente cuando comienza a dominar la función parlamentaria.
También se sostiene que la reelección puede fortalecer la relación entre representantes y ciudadanos. Un político interesado en conservar su puesto tendría que responder ante quienes votaron por él.
Sin embargo, quien ya ocupa un cargo parte con ventajas evidentes. Tiene reconocimiento público, presencia institucional, relaciones políticas y una exposición que difícilmente puede igualar quien comienza una campaña desde fuera del gobierno. Aunque existen reglas para separar la actividad pública de la electoral, hacerlo completamente en la práctica no siempre resulta sencillo.
La reelección también ha generado casos donde la permanencia comenzó a confundirse con apropiación política del espacio. Surgieron liderazgos que acumularon periodos, grupos internos que monopolizaron candidaturas y estructuras municipales construidas alrededor de una misma persona.
La reforma aprobada en Coahuila cierra esa posibilidad a partir de 2030. Pero existe un segundo cambio todavía más relevante, la prohibición del nepotismo electoral.
Durante décadas hemos visto esposas sucediendo a esposos, hermanos relevando a hermanos, hijos heredando estructuras construidas por sus padres y familias completas que terminan controlando municipios, distritos o regiones durante largos periodos.
La reforma busca impedir precisamente la sucesión inmediata entre familiares. A partir de 2030 no podrá competir por el mismo cargo quien mantenga o haya mantenido, durante el periodo establecido por la legislación, vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o determinados grados de parentesco con la persona que ejerce esa posición.
La idea es muy sencilla, el poder público no se hereda. Ése probablemente sea uno de los aspectos más relevantes de la reforma. Las normas democráticas funcionan mejor cuando resultan aceptables independientemente de quién sea beneficiado o perjudicado por ellas.
Por eso también debe entenderse correctamente la transición. Durante los siguientes procesos veremos situaciones que después estarán prohibidas.
En 2027, por ejemplo, puede cuestionarse políticamente que determinado alcalde busque permanecer en el cargo argumentando que Coahuila ya eliminó la reelección. Jurídicamente eso sería incorrecto. La reforma existe, pero sus disposiciones transitorias establecen con claridad cuándo comenzará a operar la prohibición.
Por eso 2027 debe entenderse como un proceso intermedio. Comenzarán a aplicarse algunos cambios, particularmente en la composición de los ayuntamientos, pero todavía habrá reelección inmediata dentro de los márgenes que permite actualmente la ley. 2030 establecerá otra lógica. Quien llegue a una posición sabrá desde el primer día que no podrá utilizar ese mismo cargo como plataforma para obtener inmediatamente otro periodo.
Eso puede modificar incluso la cultura política. La reelección genera incentivos, algunos positivos y otros no tanto. Quien pretende volver a competir tiene razones para cuidar su aprobación y su gestión. Pero también puede aparecer la tentación de tomar decisiones gubernamentales pensando permanentemente en la siguiente campaña.
Eliminarla reduce ese incentivo electoral inmediato, aunque también plantea otro desafío, evitar que el funcionario deje de responder a los ciudadanos porque sabe que no volverá a solicitarles el voto para la misma posición. Ningún sistema es perfecto. Las instituciones solamente pueden construir mejores condiciones.
Algo semejante ocurre con la reducción en la integración de los ayuntamientos. Disminuir regidurías puede generar ahorros y hacer más compactas las estructuras municipales, pero el análisis no debe limitarse exclusivamente al gasto.
Un cabildo también representa pluralidad política. La reforma tendrá que encontrar equilibrio entre eficiencia administrativa y representación. Menos posiciones no significan automáticamente mejor gobierno.
La mejora real dependerá de que quienes permanezcan tengan funciones claras, participen efectivamente en las decisiones municipales y rindan cuentas sobre su trabajo. Una democracia no se fortalece simplemente eliminando sillas. Se fortalece mejorando lo que ocurre en aquellas que quedan.
La reforma incorpora además principios relacionados con igualdad sustantiva, paridad y requisitos para impedir que personas con determinadas sentencias o incumplimientos legales accedan a cargos públicos. Son elementos que forman parte de una exigencia creciente, quien pretende representar a la sociedad debe cumplir ciertos estándares mínimos.
Pero el gran cambio político seguirá estando en 2030. Coahuila llegará a ese proceso con reglas diseñadas para cerrar puertas que durante décadas estuvieron abiertas, pero el desafío consiste en renovar realmente la representación, abrir espacios, construir nuevos liderazgos, permitir que personas sin vínculos familiares o estructuras heredadas puedan competir y fortalecer procedimientos internos para evitar que las candidaturas sean definidas exclusivamente por pequeñas cúpulas partidistas.
Lo mismo ocurre con la reelección. Eliminarla puede reducir ventajas de quienes ya ocupan cargos, pero también devuelve a los partidos una enorme capacidad para decidir quién continúa una carrera política. Ahí también tendrá que existir competencia interna.
Toda reforma electoral produce consecuencias que solamente pueden conocerse completamente cuando comienza a aplicarse. 2027 permitirá observar los primeros efectos de la nueva integración municipal y será una de las últimas elecciones locales donde la reelección todavía tendrá un peso importante.
Después, en 2030, el elector coahuilense encontrará otro escenario. Ya no verá a un funcionario competir inmediatamente para conservar exactamente la misma posición. Tampoco debería encontrar a un familiar directo intentando recibirla como si se tratara de una estafeta.
Eso obliga a todos los actores a prepararse desde ahora. Los partidos tendrán que desarrollar más candidatos. Los funcionarios deberán entender que los cargos vuelven a tener un límite inmediato mucho más rígido. Y los ciudadanos deberán evaluar con mayor atención no solamente quién gobierna, sino quién pretende sucederlo.
Ese cambio puede resultar saludable para Coahuila si se aprovecha correctamente. Mientras tanto, conviene evitar confusiones. En 2027 todavía habrá reelección. En 2030 comenzará la prohibición. Ésa es la diferencia fundamental.
Estamos entrando en una etapa en la que convivirán temporalmente las reglas que empiezan a desaparecer con aquellas que todavía no pueden aplicarse por completo.
En ese sentido, Coahuila acaba de tomar una decisión importante sobre su futuro, a partir de 2030, quien llegue al poder tendrá que asumir con mayor claridad que ocupa temporalmente una responsabilidad pública y no una posición susceptible de renovarse inmediatamente o transmitirse dentro de su familia.
Puede parecer una diferencia jurídica, pero en realidad es una definición política mucho más profunda. El poder democrático nunca debería heredarse. Tampoco debería sentirse permanente.
Y las nuevas reglas de Coahuila parten precisamente de recordar algo que cualquier servidor público tendría que tener presente desde el primer día, el cargo tiene dueño solamente durante el tiempo que los ciudadanos lo prestan.
