Hay elecciones en la Universidad Autónoma de Coahuila que interesan principalmente a quienes forman parte de una comunidad académica. Hay otras que, por la historia de la institución, por el perfil de quienes han pasado por sus aulas y por la influencia que esa comunidad ha tenido en la vida pública, terminan trascendiendo los límites del campus. La elección de la dirección de la Facultad de Jurisprudencia pertenece claramente a esa segunda categoría.
No se trata únicamente de elegir a quien administrará una facultad durante los próximos tres años. Jurisprudencia es una de las instituciones académicas con mayor peso histórico dentro de Coahuila. Desde su fundación en 1943, por sus aulas han pasado generaciones de abogados que posteriormente ocuparon responsabilidades en todos los espacios donde se construye, interpreta o aplica el derecho en el estado.
La Facultad de Jurisprudencia no solamente forma abogados. Forma perfiles que, con frecuencia, terminan participando en decisiones que afectan la vida pública de Coahuila.
Buena parte de las instituciones del estado ha tenido, en algún momento, egresados de esa facultad entre sus principales cuadros. Gobernadores, secretarios, legisladores, alcaldes, magistrados, jueces, fiscales, notarios, litigantes y académicos han compartido alguna vez sus aulas, pasillos y debates. Esa presencia explica por qué una elección aparentemente universitaria termina siendo observada también desde fuera.
El pasado 10 de septiembre, la comunidad de Jurisprudencia eligió a Óscar Aarón Nájera Davis como director para el periodo 2026-2029. La contienda tuvo además una característica inédita. Por primera vez en más de ocho décadas de historia, dos mujeres participaron simultáneamente como candidatas a dirigir la facultad. Sylvia Marisol Díaz Valencia y Sofía Elena Hernández Siller acompañaron a Nájera Davis en una elección que abrió una posibilidad que nunca antes había existido, que una mujer dirigiera la institución.
Aunque finalmente esa posibilidad no se concretó, su sola presencia en la contienda tiene relevancia. La participación de dos mujeres en una elección para dirigir una facultad históricamente encabezada por hombres representa una señal de transformación que no debería medirse únicamente por el resultado final. Significa que la competencia interna se amplía, que aparecen nuevos perfiles y que la propia comunidad universitaria comienza a reflejar cambios que también están ocurriendo dentro de la profesión jurídica.
La elección registró además una participación particularmente alta. De un padrón cercano a los mil estudiantes y profesores, más de ochocientos acudieron a votar. Una participación superior al ochenta por ciento difícilmente puede considerarse un dato menor en cualquier proceso democrático.
En tiempos en los que tantas elecciones institucionales despiertan apatía, el hecho de que una comunidad universitaria se movilice de esa manera merece ser reconocido. Los estudiantes y docentes entendieron que elegir director no era un trámite administrativo. Era una decisión sobre el rumbo de su facultad.
Al cierre de la votación, Óscar Nájera obtuvo 503 sufragios. Sylvia Marisol Díaz alcanzó 286 y Sofía Elena Hernández obtuvo 12. También se contabilizaron seis votos nulos. Las cifras son claras. Nájera obtuvo una mayoría suficiente para asumir la dirección con un respaldo significativo de la comunidad.
La Universidad Autónoma de Coahuila posee una tradición de participación interna que forma parte de su propia autonomía. Estudiantes y profesores eligen autoridades dentro de un modelo que, con todas las discusiones y tensiones que naturalmente puede generar, permite que la comunidad universitaria tenga intervención directa en la conducción de sus instituciones.
La autonomía universitaria cobra sentido precisamente ahí. No consiste únicamente en impedir interferencias externas. También implica asumir la responsabilidad interna de elegir, debatir, competir, decidir y posteriormente convivir con el resultado. No deja de ser simbólico que quienes se forman para defender instituciones democráticas participen también en mecanismos democráticos dentro de su propia casa de estudios.
La responsabilidad que ahora asume Óscar Nájera Davis tampoco es menor. Su trayectoria profesional permite entender por qué su candidatura encontró respaldo entre estudiantes y profesores.
Egresado de la propia Universidad Autónoma de Coahuila, Nájera mantiene una relación con la institución desde hace décadas. Su historia académica comenzó en Saltillo cuando llegó desde Piedras Negras para continuar sus estudios y posteriormente ingresó a la Facultad de Jurisprudencia. Quienes lo conocieron como estudiante lo recuerdan como un alumno disciplinado, con facilidad para la argumentación y un desempeño académico destacado. Después desarrolló una trayectoria profesional que combinó servicio público, asesoría jurídica, ejercicio jurisdiccional y docencia.
Uno de los capítulos más importantes de esa carrera ocurrió dentro del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, donde se desempeñó como magistrado durante varios años. Desde ahí participó en uno de los procesos jurídicos más importantes que ha enfrentado el país en las últimas décadas, la transición del sistema penal tradicional hacia el sistema acusatorio y oral.
Implementar los juicios orales no significó simplemente modificar la forma en que se desarrollaban las audiencias. Implicó cambiar estructuras completas. Hubo que capacitar jueces, ministerios públicos, defensores, policías y abogados. Fue necesario modificar instalaciones, desarrollar nuevos protocolos, comprender nuevas reglas probatorias y transformar una cultura jurídica acostumbrada durante décadas a otro modelo.
Nájera participó directamente en ese proceso y encabezó en distintas etapas los trabajos relacionados con su implementación en Coahuila. Ese antecedente tiene relevancia ahora que regresa a la Facultad desde otra posición. Porque una institución educativa dedicada al derecho enfrenta actualmente un desafío semejante, aunque de distinta naturaleza, volver a adaptarse.
El derecho está cambiando con enorme velocidad. La digitalización de expedientes, la inteligencia artificial, los nuevos mecanismos de justicia alternativa, los cambios constitucionales, la transformación del Poder Judicial, la creciente especialización jurídica y la necesidad de comprender fenómenos que hace apenas algunos años ni siquiera formaban parte de los programas académicos están modificando la profesión.
Una facultad con más de ochenta años de historia tiene que preservar aquello que construyó su identidad, pero al mismo tiempo debe evitar convertirse en rehén de su propia tradición.
Ése será probablemente uno de los principales retos del nuevo director. Jurisprudencia tiene una historia importante. Pero las instituciones académicas no pueden vivir exclusivamente de su historia. El prestigio heredado sirve como punto de partida, no como garantía de futuro.
La calidad de una facultad se mide por la formación que ofrece hoy, por la capacidad de sus profesores, por la preparación de sus estudiantes, por su producción académica, por su vinculación con la sociedad y por su adaptación a las nuevas exigencias de la profesión.
Nájera ha hablado precisamente de transformación, inclusión y trabajo conjunto entre alumnos y docentes. Esas palabras deberán convertirse ahora en decisiones.
La responsabilidad de dirigir una facultad implica mucho más que administrar horarios, profesores y espacios físicos. Significa construir una visión académica. Significa detectar qué conocimientos necesitan los abogados que egresan dentro de cinco o diez años. Significa fortalecer la investigación. Significa impulsar el pensamiento crítico. Significa mantener contacto con tribunales, fiscalías, despachos, instituciones públicas y organizaciones sociales para que la formación jurídica no quede encerrada dentro de un aula.
También significa cuidar la pluralidad. Probablemente uno de los mayores desafíos para cualquier director electo después de una contienda interna sea comprender que, una vez terminada la elección, deja de existir el candidato de un grupo y comienza el director de toda la comunidad.
También es importante reconocer la administración que concluye. Alfonso Yáñez Arreola permaneció seis años al frente de la facultad y deja una institución que, como señaló el propio Nájera durante su primer mensaje, atravesó un proceso importante de fortalecimiento, crecimiento y transformación.
Para Nájera existe además una dimensión particularmente simbólica. Hoy, es director de la misma institución en la que alguna vez fue estudiante. Quien hace décadas llegó a Saltillo preguntándose si algún día estudiaría en la Universidad ahora tendrá la responsabilidad de dirigir una de sus facultades más representativas.
La anécdota puede resultar emotiva, pero también contiene una responsabilidad profunda. Conocer una institución desde dentro genera vínculos. Pero esos vínculos no deben convertirse en nostalgia. Deben convertirse en exigencia. Quien conoce la historia de una facultad sabe aquello que vale la pena conservar. Y también debería tener claridad sobre aquello que necesita transformarse.
México vive una etapa de cambios profundos en sus instituciones jurídicas. El sistema de justicia atraviesa transformaciones que modificarán la manera en que se construyen carreras judiciales, se integran tribunales y se ejerce la profesión.
Los estudiantes que hoy se encuentran en las aulas serán quienes trabajen dentro de ese nuevo sistema. Por eso las universidades no pueden limitarse a observar los cambios. Tienen que anticiparlos.
Formar abogados capaces de memorizar leyes nunca ha sido suficiente. Hoy lo es todavía menos. Se necesitan profesionistas capaces de interpretar, argumentar, investigar, utilizar nuevas herramientas, comprender contextos sociales y defender principios jurídicos incluso cuando resulten incómodos frente al poder.
Y ahí aparece nuevamente la importancia pública de esta elección. Lo que ocurra dentro de Jurisprudencia durante los próximos años no permanecerá necesariamente dentro de Jurisprudencia.
Los estudiantes que hoy caminan por sus pasillos ocuparán mañana juzgados, fiscalías, despachos, notarías, dependencias, congresos y responsabilidades políticas. Algunos redactarán leyes. Otros las interpretarán. Otros las impugnarán. Otros tendrán la responsabilidad de aplicarlas.
Óscar Aarón Nájera Davis llega a esa responsabilidad después de una trayectoria construida tanto dentro como fuera de la academia. Su experiencia jurisdiccional, particularmente en la transformación del sistema penal, demuestra que ha participado anteriormente en procesos institucionales complejos.
Ahora el desafío es diferente. No deberá transformar tribunales. Deberá contribuir a formar a quienes probablemente algún día los integren. Y esa puede ser incluso una responsabilidad mayor.
