En una sesión cargada de tensión y acusaciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto del Presupuesto de Egresos para 2026, con una mayoría que permitió validar el dictamen sin modificaciones al planteamiento original. El monto global estimado supera los 10 billones de pesos.
Durante el debate, que incluyó pancartas y voces alzadas, los legisladores se enfrascaban en reclamaciones hacia el gobierno, hacia la oposición y entre sí. El proyecto otorga prioridad a programas sociales, infraestructura y gasto federalizado, al mismo tiempo que implica recortes o ajustes en órganos autónomos y ciertos poderes del Estado.
La bancada que respaldó la iniciativa defendió que esta inversión es necesaria para responder a retos estructurales del país, tanto en materia de infraestructura como en las cadenas de producción rural, agua, medio ambiente y transporte. No obstante, los críticos aseguraron que el proyecto refuerza viejas prácticas de centralización y uso político del presupuesto, y advirtieron sobre el impacto que la falta de especificidad podría tener en la rendición de cuentas.
Uno de los puntos más polémicos fue el anuncio de reasignaciones millonarias hacia prioridades definidas por el bloque mayoritario: se habló de mover entre 16 000 y 17 000 millones de pesos desde instituciones como el Poder Judicial o el órgano electoral hacia rubros como educación, desarrollo rural, infraestructura y cuidado ambiental. Esto generó críticas de sectores que consideraron que los recortes sacarían músculo a áreas clave para el equilibrio institucional.
Mientras el proyecto fue aprobado en lo general, la discusión en lo particular se mantiene abierta: cientos de reservas y puntos de ajuste deberán ser analizados para afinar partidas específicas, determinar apoyos puntuales y garantizar la operación del gasto. Se espera que en los próximos días la Comisión de Presupuesto comience el análisis detallado, con la posibilidad de modificaciones.
Finalmente, los estados y municipios obtendrán un nivel de gasto federalizado histórico: las propuestas contemplan que un porcentaje relevante del gasto total se transfiera a las entidades locales, lo que abre una nueva fase de negociación para precisar mecanismos de entrega, transparencia y uso de los recursos. La discusión queda abierta, pero el camino del paquete económico para 2026 ya está trazado y con luz verde para avanzar hacia su implementación.
