Una corte civil en Miami, Florida, dictó sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, ordenándoles pagar al Estado mexicano una suma conjunta de 2,488 millones de dólares por su participación en un esquema de corrupción y desvío de recursos públicos.
La jueza Lisa Walsh determinó que García Luna deberá cubrir 748 millones de dólares, mientras que Pereyra enfrentará una sanción de más de 1,740 millones de dólares. Esta resolución responde a una demanda civil presentada en 2021 por el gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que documentó la asignación de 30 contratos irregulares a empresas vinculadas a la pareja entre 2009 y 2018, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la sentencia como un acto de justicia, destacando que «se reconoce que había un modus operandi de esta persona con funcionarios» de administraciones pasadas. Asimismo, subrayó que el fallo refleja el compromiso de su gobierno en la lucha contra la corrupción y la recuperación de recursos públicos .
Por su parte, Pablo Gómez, titular de la UIF, señaló que la resolución judicial demuestra la existencia de una «trama corrupta» que operó durante dos sexenios, y que el dinero recuperado es producto de un esquema de defraudación al erario público.
García Luna, quien actualmente cumple una condena de 38 años de prisión en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero, fue arrestado en Dallas en 2019 y declarado culpable en 2023.
Esta sentencia civil representa un hito en los esfuerzos del gobierno mexicano por combatir la corrupción y recuperar fondos desviados, marcando un precedente en la rendición de cuentas de exfuncionarios de alto nivel.
