Milwaukee, Wisconsin, 25 de abril de 2025 — La jueza Hannah Dugan, del condado de Milwaukee, fue arrestada este viernes por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), acusada de haber interferido deliberadamente en un operativo federal para la detención de un migrante indocumentado.
De acuerdo con un comunicado emitido por la oficina del director del FBI, Kash Patel, la jueza habría informado de manera anticipada a Eduardo Flores Ruiz —un ciudadano mexicano con orden de arresto vigente por violaciones migratorias— sobre un operativo inminente por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La intervención de Dugan, según las autoridades, permitió que Flores Ruiz escapara del lugar donde se planeaba su captura.
El migrante fue localizado horas después, escondido en una propiedad en las afueras de Milwaukee, y detenido tras una breve persecución a pie. En tanto, la jueza fue arrestada sin incidentes y enfrenta cargos por obstrucción de justicia y por encubrimiento para evitar la detención de una persona buscada por la ley.
Según la investigación preliminar, Dugan habría utilizado su cargo para acceder a información clasificada sobre los operativos migratorios y alertar a Flores Ruiz, con quien, presuntamente, tenía una relación de amistad cercana desde antes de asumir su puesto como jueza.
“La ley aplica para todos, incluso para quienes están encargados de impartirla”, declaró Patel, subrayando la gravedad del caso. “Este acto pone en entredicho la neutralidad del sistema judicial y representa un claro intento de sabotear el cumplimiento de la ley federal.”
La detención de la jueza ha provocado reacciones divididas. Grupos defensores de migrantes han expresado preocupación por lo que consideran un acto de represalia política, mientras que organizaciones de juristas y asociaciones cívicas han pedido una investigación a fondo que garantice la transparencia del proceso.
Dugan comparecerá ante un juez federal el próximo lunes para la audiencia de formulación de cargos. De ser encontrada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión.
Este caso reaviva el debate sobre la cooperación (o falta de ella) entre las autoridades locales y federales en la aplicación de políticas migratorias en Estados Unidos, en un contexto cada vez más polarizado sobre el papel de la justicia en la protección de los derechos de los migrantes.
