López Obrador heredó una fórmula que, vista con los años, terminó siendo mucho más que una ocurrencia de la mañanera. En 2019, al defender uno de sus nombramientos, dijo que para calificar a un buen servidor público él valoraba “90 por ciento honestidad, 10 por ciento experiencia”. La frase pretendía colocar la integridad por encima del currículum. El problema es que una administración pública no funciona sustituyendo una cosa por la otra.
Durante décadas México construyó cuerpos técnicos, servicios profesionales, carreras judiciales, especialistas, servidores públicos con experiencia acumulada y funcionarios que conocían las instituciones que dirigían. No todos eran brillantes ni todos eran impecables. Pero existía una idea elemental, para ocupar determinadas responsabilidades había que entenderlas.
La mal llamada Cuarta Transformación ha convertido demasiadas veces esa exigencia en sospecha. La experiencia pasó a confundirse con pertenecer al viejo régimen. El conocimiento técnico podía convertirse en tecnocracia. La especialización sonaba a privilegio. Y la cercanía política, la identificación con el movimiento o la lealtad al proyecto comenzaron a tener un peso enorme en la selección y promoción de cuadros.
El resultado está a la vista en demasiados espacios de la vida pública, legisladores que no dominan lo que votan, alcaldes que descubren el funcionamiento del gobierno mientras lo ejercen, funcionarios incapaces de explicar el área que administran y representantes populares cuya principal preparación parece haber sido aprender los argumentos del partido.
No es un problema exclusivo de una persona ni puede afirmarse seriamente que todos los servidores públicos de Morena sean incapaces. Sería tan simplista como la fórmula que se critica. El problema es institucional, cuando la preparación deja de ser una condición indispensable, inevitablemente aparecen más personas que llegan al cargo antes de estar listas para ejercerlo.
El funcionario improvisado nombra colaboradores improvisados. El gobernador premia cercanías. El alcalde reproduce el modelo. El legislador entiende que la disciplina partidista vale más que el estudio del proceso legislativo o que las leyes. Poco a poco, la excepción deja de sorprender y la mediocridad comienza a normalizarse.
Hoy nos conformamos con que un funcionario intente ejercer sus funciones sin cometer un disparate, con que un legislador comprenda la iniciativa que defiende o con que un alcalde conozca las atribuciones de su propio cargo. La vara quedó tan abajo que cumplir con lo elemental empieza a parecer virtud.
La honestidad, por supuesto, es indispensable. Un funcionario preparado y corrupto puede producir un daño enorme. Pero un funcionario honesto e incompetente también puede tomar decisiones desastrosas, desperdiciar recursos públicos y afectar vidas sin necesidad de robar un solo peso. Gobernar no debería obligarnos a escoger entre honestidad y capacidad. Necesitamos las dos.
Quizá ése fue el error de origen de aquella ecuación. Pensar que la función pública podía reducirse a porcentajes, como si noventa puntos de una virtud compensaran diez de preparación.
