Hace tiempo las carreteras y autopistas de México eran sinónimo de conectividad y desarrollo económico, hoy solamente son rutas donde prepondera la inseguridad, y en la que los riesgos que en ellas se viven puede llevarnos a la muerte.
El sector del autotransporte es quien más ha padecido en este sexenio el creciente y desmedido peligro en las carreteras, y al igual que todos, reclaman por el abandono del gobierno de López Obrador al combate al crimen organizado, y por la falta acciones reales que garanticen su seguridad y pongan un alto a la violencia que padecen en las carreteras de México, donde todos los días y a todas horas están expuestos a asaltos, extorsiones, cobro de piso, secuestros, desapariciones y asesinatos.
El 84% de la mercancía en México se traslada en transportes de carga, y el resto por ferrocarril. Los choferes movilizan todo tipo de productos, como los forestales, agrícolas, animales y sus derivados, minerales, petróleos, productos inorgánicos e industriales; pero las cargas más robadas son alimentos, abarrotes, materiales para la construcción, autopartes, refacciones automotrices y línea blanca. Lo más alarmante es que los delitos que se cometen a transportistas son ejecutados cada vez con mayor violencia.
Desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, y en el año 2019 se registraron casi 10 mil carpetas de investigación. Y ha aumentado casi en un 140% en comparación con el sexenio anterior.
En 2020, se integraron 9527 carpetas de investigación, pero en 2021 las autoridades contabilizaron casi 12400 delitos cometidos contra transportistas, y el siguiente año, 2022, se registró un incremento del 7%, que se traduce en al menos 13200 delitos de robo al autotransporte de carga. Tan grave es esta situación que solo en el mes de noviembre de ese año se reportaron más de 1200. En el año 2023, se vivió un preocupante aumento del 11.53%.
El robo de carga según datos de la Asociación de Transportistas Nacionales genera pérdidas económicas de 2300 millones de pesos cada año, pero los empresarios aseguran que el costo es superior a los 5193 millones de pesos anuales; pero es más grave el costo humano que hasta el día de hoy es difícil de calcular, pues en las cifras oficiales del gobierno los homicidios que se realizaron como parte del robo de carga no están contabilizados; pero se puede estimar una escala por el déficit existente de casi 600 mil trabajadores de este sector.
Aunque estos robos se dan prácticamente en todo el país, los choferes identifican como más peligrosos para transitar al Estado de México, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Jalisco, en ese orden; y señalan un importante incremento en Morelos, San Luis, Oaxaca, Nuevo León, Sonora y Chihuahua. Estados en los que se registran casi el 90% de los delitos cometidos al transporte de carga.
Esos datos coinciden con los de la Fiscalía General de la República, que identifica 14 tramos carreteros en los que se concentra el mayor porcentaje de delitos al autotransporte de carga; estas son la autopista México-Tux pan; la carretera Federal 57, en el kilómetro 70, en San José Iturbide, Guanajuato; la carretera México-Querétaro; la carretera México-Veracruz; el libramiento a Huamantla; las carreteras México-Puebla y México-Pachuca; las carreteras León-Aguascalientes, León-Lagos de Moreno; la Celaya-Salamanca, Celaya-Querétaro y el libramiento sur Celaya; la carretera Guanajuato-Lagos de Moreno; y la carretera 37D Uruapan-Lázaro Cárdenas Michoacán.
El modus operandi para ejecutar el robo de mercancías en estos puntos prácticamente son los mismos, los delincuentes simulan accidentes para hacer que los transportistas se detengan y luego atacarlos, o colocan retenes falsos utilizando vehículos y uniformes similares a los oficiales y se ayudan de inhibidores de GPS; pero muchas otras veces tres o cuatro vehículos rodean un tráiler en movimiento, le cierran el paso amenazando a los transportistas con armas de fuego obligándolos a detenerse.
Después los choferes son trasladados en otro vehículo a otra zona, mientras se realiza el robo de la carga o del camión. Después los encuentran tirados en las carreteras y, en otros casos, se les reportó como desaparecidos al no tener información sobre el paradero de los conductores. La desbordada situación de inseguridad no solo afecta a los transportistas y sus empresas, sino que también en la confianza de los inversionistas y consumidores, poniendo en riesgo proyectos como el del nearshoring.
Sectores como el de alimentos y exportaciones también se han visto gravemente afectados, provocando aumentos en los precios de los productos y contribuyendo a la inflación, como el caso que denunció la Coparmex en 2022 en el que las actividades criminales y la inseguridad provocaron que no se pudiera exportar aguacate de Michoacán a Estados Unidos previo al super bowl. O que también la inseguridad ha generado que el limón alcance precios irracionales.
Esta situación ha orillado a las empresas de transporte y a los choferes, a tratar de contrarrestar la desatención del gobierno federal invirtiendo en tecnologías de seguridad, rastreo GPS, cámaras de vigilancia, estrategias de movilidad en grupos, equipos para custodia y acompañamiento de unidades y choferes, principalmente para tener pruebas en caso de incidentes, pero no son suficientes, al no existir voluntad de las autoridades.
Ante estas incontrolables cifras, la Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte ha convocado a las cámaras y asociaciones de autotransporte, seguridad, rastreo satelital, y todas las modalidades y giros de transporte que sufren esta crisis se unan para realizar el próximo 5 de febrero un paro nacional en distintos partes del país, para exigir al gobierno de López Obrador implemente medidas eficientes y necesarias a través de una estrategia nacional que aborde realmente este problema para combatir lo que se vive en todas las carreteras y autopistas del país.
En redes sociales circula un comunicado en el cual se detalla que la movilización es “para expresar de forma pública, pacífica y apegada a derecho la inconformidad o insatisfacción con problemáticas no resueltas de diversa índole” El punto principal de este paro nacional será en el kilómetro 90 de la carretera 57 México-Querétaro; y también en su comunicado se dirigen a los ciudadanos que potencialmente se verán afectados, “ofrecemos una disculpa a la ciudadanía que se verá afectada por la movilización de transporte de carga en diferentes carreteras federales”.
Los transportistas han tomado esta decisión al asegurar que han agotado todas las instancias, después de haberse reunido en diversas mesas de trabajo y diálogo con la Guardia Nacional y otras autoridades federales, de las cuales solo han obtenido evasivas bajo el argumento de que se ha recortado el presupuesto para la vigilancia en carreteras, ejemplo de ello es solo existen 3 mil 549 patrullas para vigilar más de 40 mil tramos carreteros a nivel federal; además de que existe un notorio vínculo de las autoridades correspondientes y los grupos que atentan contra la seguridad de los transportistas.
La seguridad es el principal problema de la actual administración, que en todos los espacios los ha sobrepasado, y no ha podido garantizar el tránsito seguro de personas y mercancías, pues no existe voluntad ni actuar del gobierno federal para brindar seguridad física y patrimonial a los ciudadanos sin importar que esto sea una obligación del estado mexicano.
