La visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, para ingresar a Estados Unidos, así como la de su esposo, fue cancelada por las autoridades de ese país. Si bien la Embajada de Estados Unidos en México, en cumplimiento de sus protocolos, se ha negado a revelar los motivos detrás de esta acción, el silencio oficial solo ha contribuido a que crezcan las versiones, las conjeturas y las sospechas. El hecho, de por sí delicado, se complica aún más al saberse que ella y su familia tienen residencia en San Diego, California, lo cual convierte este episodio en un golpe particularmente duro y simbólicamente potente.
La cancelación de una visa a un gobernador en funciones debe ser motivo de un análisis objetivo, rendición de cuentas y explicaciones públicas. Sin embargo, lo que hemos atestiguado ha sido una mezcla de evasivas, victimización política y silencio. Marina del Pilar ha intentado minimizar el hecho, argumentando que se trata de un “asunto administrativo” y no de un delito. Pero la experiencia nos dice que cuando se trata decisiones del Departamento de Estado de Estados Unidos, pocas veces se toma una decisión de este tamaño sin contar con elementos contundentes.
Más aún, de acuerdo con diversas fuentes editoriales, este caso no sería aislado. Se dice que la Administración de Donald Trump tiene al menos 44 políticos o funcionarios de alto nivel bajo investigación. Se dice que la lista es conocida de manera informal como “la lista de Marco”, en alusión al secretario de Estado Marco Rubio, quien ha encabezado una agenda crítica hacia la relación entre ciertos gobiernos y el crimen organizado, y esta lista incluye a personajes clave de la autollamada Cuarta Transformación.
Figuran nombres como Adán Augusto López, actual coordinador de Morena en el Senado; Mario Delgado, secretario de Educación Pública; Ricardo Monreal, coordinador en la Cámara de Diputados; alcaldes y gobernadores en funciones de estados como Sonora, Campeche, Sinaloa, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco. Algunos de ellos han sido señalados por presuntos vínculos con el “huachicol fiscal”, contrabando de gasolina, lavado de dinero y relaciones inconfesables con el narcotráfico. Las sanciones en su contra, de comprobarse las acusaciones, podrían ir desde la cancelación de visas hasta el congelamiento de activos en territorio estadounidense.
En la lista negra del Departamento de Estado también se señala la inclusión de altos mandos militares. Durante este y el anterior sexenio, se ha militarizado la vida pública como nunca antes, los militares construyen aeropuertos, controlan puertos, operan el Tren Maya y gestionan aduanas. Hoy son una pieza central del nuevo régimen. Y como ocurre siempre que se mezcla poder sin control con dinero fácil, las tentaciones fluyen.
Lo verdaderamente preocupante no es solo la presunta corrupción de ciertos políticos, sino la falta de mecanismos internos que los vigilen, los investigue o los castiguen. En lugar de fortalecer a la fiscalía general de la República o a las instituciones autónomas, la 4T ha optado por desmantelarlas, subordinadas o, cuando no lo logra, desacreditarlas. Así, se ha creado un sistema político donde las lealtades pesan más que la ley, donde la militancia protege más que la ética y donde el castigo sólo se aplica a los adversarios.
El caso de Marina del Pilar revela, que fuera del país existen ya investigaciones serias, con base en inteligencia financiera y policiaca, que están arrojando luces sobre el lado oscuro de la 4T. Es cuestión de tiempo para que otros caigan. Y cuando eso ocurra, veremos si la estructura de Morena resiste el golpe o si, se derrumba por sus propias contradicciones.
