Hay una pregunta que debería inquietarnos a todos: ¿qué derecho puede estar por encima del nuestro a informarnos y formar nuestro propio criterio? En un país donde la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares constitucionales, cualquier intento de regulación que toque estos límites merece un escrutinio cuidadoso.
Esta semana, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones presentó, en el marco de la conferencia matutina presidencial, nuevos lineamientos aún en etapa de consulta pública cuyo propósito declarado es fortalecer los derechos de las audiencias. Nadie podría oponerse a un objetivo así, al menos no en el papel. El problema, como suele ocurrir, está en los matices.
Uno de los puntos más polémicos obligaría a los medios de radio y televisión a distinguir explícitamente, mediante plecas o cortinillas, cuándo un contenido es informativo y cuándo es opinión, bajo la amenaza de sanciones económicas en caso de incumplimiento. La intención regulatoria es comprensible; la ejecución, mucho menos.
Porque, ¿quién traza esa línea? ¿Es un dato o una opinión afirmar que el crecimiento económico del país ha sido bajo? ¿Calificar de indignante un crimen violento es información o juicio de valor? Comparar sistemas de salud entre países, evaluar si la corrupción ha disminuido, incluso preguntar si un funcionario protege a otro: todo esto habita en una zona gris donde el análisis periodístico y la opinión personal se entrelazan de forma inevitable. Exigir una separación quirúrgica entre ambos no solo es difícil técnicamente, sino que abre la puerta a interpretaciones discrecionales sobre qué cruzó la línea y qué no.
El gobierno ha salido a defender la propuesta insistiendo en que no se trata de censura, sino de autorregulación: cada medio definiría su propio código de ética, y la multa operaría solo como último recurso si la comisión determinara que no se respetó el derecho de las audiencias. El argumento es razonable en su formulación, pero deja sin resolver la pregunta de fondo: ¿quién es la autoridad última que decide si un medio cumplió o no? ¿Una comisión técnica? ¿Un criterio gubernamental? La respuesta a esa pregunta define si estamos ante una salvaguarda legítima o ante una herramienta que, con el tiempo, podría usarse para silenciar voces incómodas.
La historia reciente de América Latina no es generosa con los gobiernos que han prometido regular medios «en nombre de las audiencias». Las buenas intenciones declaradas no siempre coinciden con los efectos prácticos de una norma, sobre todo cuando esa norma depende de la discrecionalidad de quien la aplica.
Al final, la pregunta no es si las audiencias merecen protección por supuesto que sí, sino quién debe decidir qué información consumimos y cómo la interpretamos. Esa decisión, en una democracia sana, le pertenece al ciudadano, no a un comité, por bien intencionado que se presente.
