Ariadna Montiel juró que iba a encabezar una cruzada en Coahuila. Esto después de que, en el pasado proceso electoral, Morena sufriera una derrota contundente y, frente a un resultado imposible de maquillar.
Hubo conferencia de prensa, acusaciones, supuestas pruebas y frases para todos los titulares. Montiel habló de compra de votos, códigos QR, retención de legisladores y hasta anunció que exigiría la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear el dinero presuntamente utilizado durante la jornada electoral. Morena, aseguró, iba a llegar hasta las últimas consecuencias.
El Tribunal Electoral de Coahuila confirmó los resultados. Morena y el PT llevaron su inconformidad a la justicia federal y la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volvió a dejar firme la elección. Por unanimidad se confirmó el desechamiento de la impugnación presentada por la coalición y, con ello, permanecen intactos los triunfos del PRI en los 16 distritos.
La gran batalla anunciada por Ariadna Montiel terminó siendo, hasta ahora, una conferencia de prensa.
Y hay una diferencia enorme entre anunciar que se va a defender una elección y defenderla jurídicamente. Las elecciones no se anulan con discursos, publicaciones en redes sociales o acusaciones lanzadas frente a los micrófonos. Se anulan con expedientes correctamente integrados, representantes legitimados, pruebas suficientes y recursos presentados conforme a la legislación electoral.
La Sala Regional ni siquiera necesitó entrar al gran relato de fraude construido por Morena. Ratificó que quienes promovieron el recurso carecían de legitimación para controvertir actos de los comités distritales y que, además, pretendieron impugnar en una sola demanda resultados correspondientes a los 16 distritos. Es decir, la épica cruzada terminó atorada en cuestiones elementales del procedimiento.
Para un partido que anunció que llegaría “hasta las últimas instancias”, habría sido conveniente empezar por llegar correctamente a la primera.
Pero el episodio resulta todavía más interesante cuando se contrasta el discurso nacional con lo que dijeron algunos morenistas en Coahuila. Candidatos y cuadros del propio movimiento hablaron de falta de estructura, operación insuficiente y ausencia de respaldo de la dirigencia nacional. Antonio Attolini y Alberto Hurtado, entre otros, reconocieron los resultados y comenzaron a hacer evaluaciones políticas sobre lo ocurrido. No necesitaban una conspiración para explicar la derrota. Estuvieron en territorio y conocían perfectamente las carencias de su campaña.
Los números tampoco requieren demasiada interpretación. La coalición PRI-UDC obtuvo más del 55% de los votos frente a poco más del 26 por ciento de Morena-PT. Estamos hablando de más de treinta puntos de diferencia y de 16 derrotas en 16 distritos.
Morena puede denunciar cualquier irregularidad que considere existente y tiene todo el derecho de acudir a los tribunales. Eso también es democracia. Lo curioso empieza cuando el discurso de fraude sustituye al análisis de las razones por las que perdió.
La lectura es simple, Ariadna Montiel anunció la madre de todas las batallas electorales. Pero, hasta ahora, aquello parece haber sido más una estrategia para administrar políticamente la derrota que para modificar jurídicamente el resultado.
Mucho ruido, mucho circo y pocas consecuencias.
