Durante años, una parte importante de la izquierda mexicana construyó buena parte de su identidad política alrededor de la movilización social. Marchas, plantones, bloqueos, tomas de edificios públicos y manifestaciones fueron presentados como herramientas legítimas de resistencia frente a gobiernos que consideraban alejados de las necesidades de la población.
Las calles se convirtieron en trincheras. La protesta fue elevada a categoría de virtud cívica. Quien se manifestaba era visto como un ciudadano comprometido. Quien bloqueaba era alguien ejerciendo presión legítima. Quien paralizaba una ciudad estaba luchando por una causa superior.
Durante años ese discurso funcionó. Y funcionó tan bien que terminó llevando a muchos de sus promotores al poder.
Pero la política tiene una característica fascinante, tarde o temprano presenta la factura de las narrativas que ella misma construye.
Hoy la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación volvió a ocupar calles, plazas y espacios públicos. Los bloqueos han afectado la movilidad. Las manifestaciones han generado tensiones políticas. Las exigencias colocaron al gobierno frente a demandas que resultan difíciles de cumplir.
Y de pronto ocurrió algo extraordinario. Los mismos métodos que durante años fueron defendidos comenzaron a ser observados con una mirada distinta. Lo que antes era resistencia ahora es presión. Lo que antes era lucha social ahora es un problema de gobernabilidad. Lo que antes era conciencia política ahora es una complicación administrativa. La protesta regresó a casa. Y cuando eso sucede aparecen contradicciones inevitables.
Durante años, distintos liderazgos políticos acompañaron demandas que parecían perfectamente razonables mientras no recaía sobre ellos la responsabilidad de financiarlas, ejecutarlas o hacerlas viables dentro de las finanzas públicas.
El problema aparece cuando quienes alentaron ciertas expectativas se convierten en responsables de responderlas. Entonces descubren algo que todos los gobiernos terminan aprendiendo tarde o temprano, las promesas tienen consecuencias. Las expectativas también. Y los movimientos sociales no desaparecen simplemente porque sus antiguos aliados llegaron al poder.
Por el contrario. Muchas veces se fortalecen. Porque si durante años se les enseñó que la presión funciona, lo lógico es que continúen utilizándola. Quizá ahí se encuentra una de las mayores ironías de la política mexicana contemporánea.
Durante décadas se construyó una narrativa donde toda protesta era una expresión legítima de inconformidad frente al poder. Sin embargo, cuando ese mismo poder cambió de manos, las protestas permanecieron exactamente donde siempre estuvieron. Lo único que cambió fue el destinatario.
La realidad suele ser bastante más compleja que los discursos de campaña. Y la realidad tiene una costumbre particularmente incómoda, no desaparece cuando cambian los gobiernos. Los problemas siguen ahí. Las demandas siguen ahí. Las inconformidades siguen ahí. Las calles siguen ahí.
Por eso resulta tan interesante observar lo que ocurre actualmente. No porque la CNTE sea el problema central del país. Tampoco porque las manifestaciones sean una anomalía democrática.
Lo verdaderamente interesante es observar cómo el poder modifica la forma en que las personas interpretan exactamente los mismos acontecimientos. Las protestas son las mismas. Los bloqueos son los mismos. Las exigencias son las mismas. Las calles son las mismas. Lo único que cambió fue quién ocupa las oficinas de gobierno.
Las narrativas pueden cambiar rápidamente. Las consignas también. Los discursos evolucionan. Las alianzas se transforman. Pero la realidad siempre encuentra la manera de regresar. Y cuando finalmente regresa, suele hacerlo por la puerta principal.
