El dato cae como baldazo de agua fría: 10.3 por ciento de aumento en la inflación médica para este año. Y no es un chispazo pasajero, es una tendencia que viene empujando fuerte. En las Américas, los costos farmacéuticos son los que más se disparan, seguidos de las consultas, los estudios, las terapias, las emergencias y, por supuesto, las hospitalizaciones. En resumen: todo lo que tenga que ver con curarse, cuesta más caro. Y como el mexicano no es de acero, termina pagando las consecuencias: o desembolsa una fortuna, o se queda sin atención.
Esto no es un problema menor. Es un síntoma de algo más profundo. Dicen los expertos que urge una reforma integral, y tienen toda la razón. Pero ojo: no una reforma que se limite a ponerle un alto a las aseguradoras, como si ellas fueran las únicas responsables. No. La señora que vende los medicamentos en la farmacia, el cirujano que cobra como si operara a un futbolista de la Champions, el hospital de lujo con entrada de mármol y factura de oro… todos son parte del problema. Porque la inflación médica no es un invento de las pólizas: es el reflejo de un sistema de salud privado que se ha vuelto un monstruo de mil cabezas.
El asunto se complica cuando uno mira los factores estructurales. Los avances farmacéuticos suenan bonitos, pero traen etiquetas de precio que dan vértigo. Las nuevas tecnologías médicas salvan vidas, sí, pero también vacían bolsillos. Y el deterioro de los sistemas públicos de salud (ahí está el hueso) empuja a más gente al sector privado, y esa presión extra sólo encarece todo. Es la ley de la oferta y la demanda aplicada a la desgracia: entre más enfermos buscan atención, más caro sale el remedio.
Aquí entre nos, el gobierno tiene una deuda histórica. Los hospitales públicos parecen escenarios de película de terror: faltan medicinas, las camas son insuficientes, el personal está harto y mal pagado. Entonces, quien puede, corre a lo privado. Pero lo privado no es ningún ángel de la guarda. Es un negocio. Y como tal, busca su ganancia. El resultado: una clase media que cada vez puede menos pagar un seguro, y una clase baja que ni siquiera sueña con él.
¿La solución? No es fácil, pero se empieza por reconocer que el problema es de todos. Necesitamos una reforma que mire el círculo completo: desde el laboratorio que fabrica la pastilla hasta la cama donde el paciente se recupera. Que regule, que ponga topes sensatos, que incentive la competencia, pero, sobre todo, que rescate lo público. Porque mientras el sistema público siga en el abandono, la inflación médica seguirá subiendo como la espuma. Y nosotros, pagando cada vez más por el derecho más básico: vivir.
