En los años ochenta y noventa, México abrazó con fervor casi religioso el dogma de la privatización. Bajo el mantra de que «el mercado lo hace mejor», el Estado se deshizo de empresas estratégicas con la promesa de eficiencia, modernidad y progreso. Tres décadas después, el balance es, cuando menos, cuestionable. ¿Realmente nos convirtió en una potencia económica? ¿O más bien nos dejó con servicios más caros, monopolios privados y una pérdida de soberanía?
Tomemos el caso de Telmex. En 1990, Carlos Slim adquirió la compañía en un proceso opaco, con condiciones que le garantizaron un dominio casi absoluto del mercado. Si bien las telecomunicaciones crecieron, lo hicieron al ritmo de un monopolio: con tarifas elevadas y un servicio que, durante años, fue de pésima calidad para el usuario promedio. La «competencia» llegó tarde y a cuentagotas, demostrando que privatizar no siempre significa más opciones, sino a veces solo cambiar un monopolio público por uno privado.
Otro fracaso son los bancos. La venta de la banca nacional en los noventa terminó en un desastre: quiebras, rescates millonarios con dinero público (como el Fobaproa) y una concentración financiera que hoy hace que unos pocos controlen el crédito del país. ¿Dónde quedó aquella promesa de un sistema bancario más dinámico y accesible?
Y qué decir de Ferrocarriles Nacionales. Su privatización no solo fragmentó la red, sino que la dejó en el abandono, sacrificando un medio de transporte que pudo haber sido clave para el desarrollo logístico de México. Hoy, el tren de carga está en manos de unos cuantos, y el servicio de pasajeros es casi inexistente.
El caso de Saltillo es un paradigma: en 2001 entregó su servicio hídrico a la transnacional Agbar-Suez, con promesas de eficiencia y cobertura. Quince años después, la realidad fue otra: Las tarifas subieron entre 32 % y 68 % en sólo dos años, rompiendo los límites inflacionarios pactados. El agua no llegaba a todos y sólo 22 % tenía servicio 24/7 en 2015. Se aplicaron cobros indebidos por medidores y reconexiones, a pesar de estar incluidos en la tarifa básica. La empresa benefició con dietas millonarias a sus directivos mientras ignoraba las pérdidas y fugas que perpetúan la escasez. Manejan el agua como mercancía: si no pagas, te la cortan. Si reclamas, te ignoran. Si no posees recursos, simplemente, quedas sin acceso.
La privatización de las empresas estatales en México, lejos de ser la panacea prometida, ha mostrado sus limitaciones y efectos adversos. La búsqueda de eficiencia y competitividad ha chocado con la realidad de un sistema que, en muchos casos, ha priorizado el beneficio privado sobre el bien común. En un país donde las desigualdades son evidentes, es fundamental replantear el papel del Estado en la economía y garantizar que los servicios básicos sean accesibles para todos. La experiencia de la privatización es, sin duda, un llamado a la reflexión.
