No existe un decreto que anuncie el fin de la libertad de expresión. Casi siempre el proceso comienza bajo argumentos que parecen legítimos, proteger a la sociedad, defender a las audiencias o regular contenidos. La historia demuestra que la censura suele presentarse envuelta en buenas intenciones.
Venezuela ofrece uno de los ejemplos más claros. En diciembre de 2004, el gobierno de Hugo Chávez promulgó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte. Oficialmente buscaba proteger a la infancia, promover la cultura nacional y regular contenidos. El problema no estuvo en esos objetivos, sino en las facultades que entregó al Estado.
La ley incorporó conceptos ambiguos, amplios márgenes de interpretación y mecanismos para sancionar a los medios. Poco a poco, el gobierno obtuvo la capacidad de decidir qué contenidos eran aceptables y cuáles merecían castigos administrativos.
Las consecuencias llegaron con el tiempo. Medios críticos enfrentaron multas, procedimientos, suspensión de programas y la no renovación de concesiones. El caso más emblemático fue Radio Caracas Televisión, cuya señal salió del aire en 2007 después de mantener una línea crítica hacia el gobierno. Más adelante, las reformas ampliaron el control hacia internet y los medios digitales, consolidando un modelo que organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado como un mecanismo de censura.
No fue una censura inmediata. Fue un proceso gradual construido mediante reformas legales que, por separado, parecían razonables, pero que terminaron fortaleciendo el control gubernamental sobre la información.
Por ello resulta inevitable observar con atención lo que está pasando en materia de telecomunicaciones en México. El gobierno sostiene que busca proteger los derechos de las audiencias, pero diversos especialistas y organizaciones civiles han advertido que algunas facultades previstas para la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrían convertirse en un mecanismo de presión sobre medios y periodistas.
La preocupación no radica en que exista regulación. El riesgo aparece cuando una autoridad administrativa concentra facultades para intervenir sobre concesiones, contenidos o el funcionamiento de los medios sin contrapesos suficientemente sólidos.
No se trata de afirmar que México sea hoy Venezuela. Las instituciones, el contexto político y el marco constitucional son distintos. Tampoco toda regulación constituye, por sí misma, un acto de censura. Lo que sí demuestra la experiencia venezolana es que las libertades pueden deteriorarse gradualmente cuando el gobierno acumula herramientas para decidir qué información circula y cuál puede ser sancionada.
La libertad de expresión no existe para proteger opiniones cómodas. Existe para garantizar que periodistas y medios puedan investigar, cuestionar y exhibir aquello que el poder preferiría mantener oculto. Cuando esa función comienza a depender del criterio de una autoridad administrativa, la democracia entra en una zona de riesgo.
Porque las democracias no empiezan a perderse cuando se cierran periódicos o estaciones de radio. Empiezan a debilitarse mucho antes, el día en que los periodistas dejan de investigar por miedo a las consecuencias y los ciudadanos se acostumbran a que sea el gobierno quien decida qué puede publicarse y qué debe permanecer en silencio. Esa es la principal lección que dejó Venezuela y la razón por la que México haría bien en no ignorarla.
