Sara Bruna Quiñónez Estrada ha presentado su renuncia como Fiscal General del Estado de Sinaloa este viernes. Quiñónez Estrada dejó el cargo tras casi tres años de servicio, un periodo que comenzó el 11 de noviembre de 2021, cuando fue confirmada por el Congreso del Estado tras un proceso de selección.
La decisión de su dimisión llega en medio de crecientes críticas hacia su gestión, particularmente relacionadas con la investigación del asesinato del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, ocurrido el 25 de julio. Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó serias irregularidades en el manejo del caso por parte de la fiscalía local.
En un comunicado emitido el 15 de agosto, la FGR destacó varias deficiencias en la investigación local, incluyendo:
- Inexactitudes en la necropsia, tales como la falta de descripción precisa de signos cadavéricos, temperatura, signos tanatológicos y livideces.
- Un hematoma significativo en la cabeza de la víctima y cuatro disparos en las piernas.
- Discrepancias en un video de una gasolinera, donde solo se escucha un disparo a pesar de los cuatro encontrados en el cuerpo.
- Testimonios de empleados de la gasolinera que no reportaron haber oído disparos.
- Falta de identificación clara de los ocupantes de la camioneta involucrada y ausencia de un análisis de la mecánica del evento.
- Deficiencias en el procesamiento criminalístico del lugar del crimen y del vehículo, además de una incineración del cuerpo que contraviene prácticas estándar de investigación.
Originalmente, la Fiscalía General del Estado había señalado que el asesinato de Cuen Ojeda se había producido durante un intento de robo de vehículo, según declaraciones del testigo Fausto Corrales. Sin embargo, una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada sugirió una conexión entre el asesinato de Cuen y la detención de Zambada, que habría ocurrido en el mismo lugar y en el mismo momento.
Debido a la posible conexión del caso con Zambada y para asegurar la imparcialidad de las investigaciones, la FGR decidió asumir el caso. El gobernador Rubén Rocha también solicitó la atracción del caso para garantizar la transparencia en las indagaciones.
