El primer cargo en la imputación del estado de Georgia acusa a Donald Trump y otras 18 personas de un delito conocido como “racketeering” (extorsión o asociación ilícita), por supuestamente intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado.
Fani Willis, la fiscal distrital del condado de Fulton, anunció los cargos que implican al expresidente Trump en una extensa conspiración para subvertir las elecciones y lo nombra como cabecilla.
«La imputación alega que en lugar de acatar el proceso legal para impugnar elecciones, los acusados emprendieron una iniciativa criminal y asociación delictiva para revertir los resultados electorales de Georgia», afirmó.
Esta es la cuarta serie de acusaciones criminales hechas contra Trump en meses recientes, pero es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos enfrenta cargos imputados en el pasado para condenar a jefes mafiosos como John Gotti y Vincent Gigante.
En EE.UU., las actividades del crimen organizado son rutinariamente procesadas bajo la llamada Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO, por sus siglas en inglés).
La ley RICO permite a los fiscales atar los cabos entre los secuaces subalternos que violan la ley y los autores intelectuales que les dieron la orden para actuar.
Más de 30 estados en EE.UU. han implementado sus propias versiones de la ley federal RICO y el modelo adoptado por Georgia tiene un alcance más amplio que la mayoría.
Los estatutos de la RICO federal enumeran 35 crímenes que pueden clasificarse como evidencia de racketeering o extorsión, pero las leyes RICO de Georgia contemplan 65 crímenes en su lista.
Los fiscales deben demostrar que existe una “empresa” criminal y detallar un patrón de extorsión que se base en por lo menos dos crímenes calificados.
Para condenar al mismo Trump, Kreis explicó que los fiscales deberán demostrar que el expresidente no fue “un simple participante pasivo” siguiendo asesoría legal, sino el hombre “conduciendo el autobús”.
Trump ya está enfrentando cargos federales imputados por el Departamento de Justicia de EE.UU. por sus afirmaciones falsas con respecto a las elecciones, en un juicio cuya evidencia sería un factor en, y empalmaría con, el caso en Georgia.
También tiene pendiente un juicio sobre el supuesto manejo negligente de documentos clasificados y los pagos a una actriz pornográfica para silenciar su testimonio.