Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, expresó recientemente su inquietud por cómo la propuesta de reforma judicial en México podría afectar la independencia del poder judicial. En su opinión, la reducción de los salarios judiciales y la mayor intromisión en el presupuesto de la judicatura podrían dañar seriamente la independencia judicial en el país.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió hoy a estas críticas durante su intervención en el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, descalificando la postura de la ONU y los grupos internacionales. Según López Obrador, tales organismos no actúan con la responsabilidad requerida y están plagados de burocracia improductiva.
El mandatario manifestó: “No voy a responder porque la ONU y estos organismos no actúan con responsabilidad. Muchas veces, los conflictos surgen precisamente porque estos organismos no los abordan adecuadamente. Hay un dicho que dice: ‘Problema que se soslaya, estalla’”, afirmando que el exceso de diplomacia ineficaz y el turismo diplomático afectan la seriedad de estas instituciones.
Además, López Obrador cuestionó la intervención internacional en asuntos nacionales, señalando que México es un país soberano con una Constitución que permite la reforma de sus leyes a través de sus poderes constituidos. “¿Por qué se inmiscuyen en algo que está en la esfera de nuestra Constitución? El Ejecutivo y el Legislativo tienen el derecho de proponer reformas, y si esto no les gusta, no sé qué intereses representan”, añadió.
En su informe, Satterthwaite expresó preocupación por el contexto en el que se proponen las reformas, señalando alegaciones de intimidación a jueces y ataques verbales de los poderes Ejecutivo y Legislativo. La relatora también advirtió que las reformas propuestas podrían menoscabar la independencia de la judicatura federal si se promulgan sin cambios significativos.
Satterthwaite criticó la falta de claridad en los criterios de selección judicial y el umbral de votos necesario para garantizar la legitimidad de las elecciones, además de cuestionar la falta de un mecanismo transparente para verificar los requisitos de elegibilidad de los candidatos.
La Relatora Especial expresó que el traslado de esta responsabilidad al Senado, una entidad política, podría aumentar la influencia del Poder Legislativo en el proceso de selección judicial, limitando la participación efectiva de la sociedad civil en la supervisión de la independencia judicial.
Por su parte, el Presidente López Obrador concluyó que las críticas de la ONU reflejan cómo las oligarquías globales han ido controlando a estos organismos internacionales, desviando la atención de los verdaderos problemas y cuestionando la legitimidad de las reformas propuestas en México.
