Seis mujeres fueron acusadas en Massachusetts de presuntamente integrar una red que organizaba matrimonios fraudulentos para ayudar a inmigrantes a obtener beneficios migratorios en Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía federal, el esquema habría operado durante más de una década y generado millones de dólares mediante bodas simuladas.
Las autoridades identificaron a Jennifer Gonzalez como la presunta líder de la organización. Según la investigación, cobraba entre 38 mil y 40 mil dólares por cada matrimonio arreglado y coordinaba aproximadamente entre 18 y 20 enlaces falsos al año. Los otros integrantes habrían recibido pagos para casarse con inmigrantes y respaldar sus solicitudes de residencia legal.
Para aparentar que las relaciones eran auténticas, los involucrados presuntamente tomaban fotografías de las ceremonias, reuniones sociales y actividades en pareja. También habrían preparado documentos, cuentas bancarias conjuntas y otros elementos destinados a convencer a las autoridades migratorias de que los matrimonios eran legítimos.
La investigación incluyó grabaciones de audio y video en las que la presunta organizadora hablaba sobre las dificultades que enfrentaba el negocio debido al endurecimiento de las políticas migratorias. En esas conversaciones también mencionaba las condiciones de Massachusetts, al que describía como un estado que ofrece apoyo a la población inmigrante.
Según los fiscales, la operación habría generado más de seis millones de dólares. Parte de las ganancias presuntamente se destinó a comprar propiedades y negocios en República Dominicana. Además, las autoridades señalaron que algunas de las acusadas habrían presentado información falsa para recibir beneficios públicos.
Las seis mujeres enfrentan cargos relacionados con fraude matrimonial y conspiración para facilitar la permanencia irregular de inmigrantes en el país. El caso continúa bajo investigación y, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, las acusaciones deberán demostrarse ante los tribunales. Todas las imputadas se presumen inocentes mientras no se determine su responsabilidad legal.
