La ciudad de Uvalde hizo pública este sábado la documentación policial relacionada con el tiroteo en la Primaria Robb ocurrido en mayo de 2022, poniendo fin a una batalla legal que medios estadounidenses emprendieron para acceder a los detalles de la respuesta de las autoridades.
Los registros incluyen imágenes de las cámaras corporales de los agentes, numerosas transmisiones de radio, llamadas al servicio de emergencia y mensajes de texto entre las autoridades, así como otros documentos vinculados a la masacre que dejó 19 niños y dos maestras fallecidos.
Se espera que estos archivos esclarezcan la ineficaz respuesta policial del 24 de mayo de 2022, cuando los agentes tardaron más de una hora en confrontar al tirador, Salvador Ramos, de 18 años.
Los registros, que contienen información personal de los agentes y fotografías de la escena del tiroteo, estaban sujetos a censura, lo que llevó a varias organizaciones de noticias, incluyendo a The Texas Tribune y ProPublica, a presentar una demanda en 2022. Con la publicación de estos documentos, la ciudad de Uvalde cumple con una orden judicial que favoreció a dichas organizaciones.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) aún no ha hecho públicos los registros de sus agentes y continúa su batalla legal con los medios.
Al menos 376 agentes de diversas agencias respondieron al incidente, incluidos cerca de 100 del DPS. Pasaron más de 77 minutos antes de que los agentes irrumpieran en el aula donde se encontraba el tirador y lo neutralizaran.
En enero, el Departamento de Justicia de EE.UU. publicó un informe que concluyó que la “falta de urgencia” de los agentes que respondieron al tiroteo provocó “fallas en cascada” que llevaron a la masacre. La investigación federal identificó una variedad de problemas, como falta de preparación, liderazgo y deficiencias en la comunicación entre los agentes.
Los oficiales trataron la situación como si se tratara de un sospechoso atrincherado, a pesar de que los niños y maestros pidieron ayuda a la Policía por teléfono, según la investigación.
El informe coincidió con los hallazgos de una investigación de la Cámara de Representantes de Texas, que en 2022 identificó “fallas sistémicas” entre las agencias policiales y los protocolos de seguridad escolar.
Padres y familiares de las víctimas del tiroteo han exigido procesos penales, despidos, control de armas y “rendición de cuentas” por parte de las autoridades responsables de estos “fallos en cascada”.
Hasta ahora, dos policías, Pete Arredondo y Adrián Gonzales, quienes eran jefe de la Policía escolar y agente, respectivamente, enfrentan cargos criminales por negligencia.
El tiroteo en Uvalde fue el más mortífero en una escuela primaria en EE. UU. desde el ataque en Sandy Hook en 2012.
