Políticamente hablando, actualmente hay dos Estados Unidos.
Uno está indignado y horrorizado de que el expresidente Donald Trump se enfrente a 91 cargos penales, entre federales y estatales, en lo que ven como una conspiración del Estado profundo orquestada en parte por el Departamento de Justicia de Joe Biden.
El otro cree que ese mismo Departamento de Justicia lleva cinco años persiguiendo injustamente al hijo de Biden, Hunter, por sus asuntos fiscales y su comportamiento cuando era, según él mismo ha dicho, drogadicto, hoy ya arrepentido.
En otras palabras, ambos Estados Unidos creen que el departamento responsable de hacer cumplir las leyes del país ha sido abducido por el otro bando y está irremediablemente politizado.
Ante la noticia de que Hunter Biden había sido acusado de tres cargos federales por posesión de armas, su abogado acusó al fiscal de ceder ante la “interferencia indebida y partidista” de los republicanos que apoyan a Trump.
Mientras tanto, Andy Biggs, uno de esos conservadores en el Congreso, sugirió que esos cargos de los que se le acusa eran en realidad una simple maniobra para hacer parecer que el Departamento de Justicia es justo. “No caigas en la trampa. ¡Están tratando de protegerlo de cargos mucho más serios que están por llegar!” escribió en X, anteriormente Twitter.
Los problemas legales de Hunter Biden, por supuesto, serán un duro golpe personal para su padre y su familia. Pero las ramificaciones van mucho más allá.
