Durante años nos explicaron que había una fórmula casi mágica para gobernar México, combatir la corrupción, aplicar austeridad y, con eso, alcanzaba para todo. No habría nuevos impuestos, no habría gasolinazos y, sobre todo, no se endeudaría al país.
Andrés Manuel López Obrador lo dijo con todas sus letras en 2019, “no vamos a endeudar al país”. La promesa era sencilla. Si desaparecía la corrupción y se eliminaban los lujos del gobierno, habría recursos suficientes. Siete años después, la calculadora parece haber encontrado otra realidad.
El Paquete Económico 2027 vuelve a mostrar unas finanzas públicas cada vez más apretadas. La deuda, medida en su indicador más amplio, rondaría 55 por ciento del PIB; el costo financiero alcanzaría alrededor de 4 por ciento y, por primera vez en esta etapa, sería incluso superior a los requerimientos financieros previstos para el año.
Traducido del hacendario al español, debemos mucho, vamos a deber más y cada vez cuesta más pagar lo que ya debemos.
Al mismo tiempo, el gobierno busca recaudar más. No necesariamente creando un “nuevo impuesto” con ese nombre, sino elevando derechos, restringiendo deducciones y ampliando distintas fuentes de ingreso.
Ahí están los nuevos cobros que tanto llaman la atención, visas para extranjeros más caras, incrementos al Derecho de No Residente para turistas y mayores cuotas en trámites relacionados con fideicomisos o adquisición de inmuebles por extranjeros. También aumentan otros derechos y se endurecen las reglas fiscales para empresas.
Todo por separado puede tener una explicación técnica perfectamente defendible. El problema aparece cuando se ve el conjunto. Más recaudación. Más cobros. Más controles. Más deuda. Y menos espacio fiscal.
No significa que mañana Hacienda vaya a quedarse sin dinero. Esa caricatura tampoco ayuda. Significa algo más serio, el margen se está reduciendo mientras existen compromisos de gasto que no dejan de crecer.
Pensiones, programas sociales, transferencias, costo financiero, Pemex, el tren, mexicana y demás obligaciones permanentes no se pagan con discursos. Se pagan con ingresos públicos. Y ahí aparece la ironía. El movimiento que llegó diciendo que bastaba con acabar con la corrupción para financiar el bienestar ahora necesita recaudar cada vez más y seguir aumentando el saldo de la deuda. Resultó que la aritmética era neoliberal.
Los programas sociales pueden ser legítimos y muchos son indispensables. El problema no es ayudar. El problema es vender la idea de que podía ampliarse indefinidamente el gasto sin discutir seriamente cómo financiarlo.
Hoy se cobra un poco más al turista extranjero. Mañana se ajustará otro derecho. Después se limita una deducción. Al mismo tiempo se autoriza otro techo de endeudamiento. Cada decisión tiene su justificación individual, pero juntas dibujan un gobierno buscando más recursos.
Quizá por eso el debate financiero de 2027 resulta tan incómodo. No por afirmar que México está al borde de la quiebra. Sino porque empieza a destruirse uno de los relatos fundacionales de la Cuarta Transformación, que podía gastarse más, repartir más y gobernar con menos ingresos extraordinarios simplemente administrando “con honestidad”. Al final, hasta la austeridad tiene límite. Y la deuda también manda estados de cuenta.
