Definitivamente, un tema de análisis obligado es la nueva sorpresa que la presidenta Claudia Sheinbaum nos tenía preparada y hay que admitir que, aunque era previsible, la tenía muy bien guardadita.
Y me refiero al anuncio de promover una consulta popular para, en su caso, proponer ante el Poder Legislativo la implementación de lo que llamó el “derecho de las audiencias”.
¿Y qué es eso?, ¿con qué se come?, o vaya, ¿en qué podría afectarnos o beneficiarnos? Pues la cosa está así.
Este asunto va enfocado principalmente a regular el contenido informativo y editorial de los medios de comunicación.
La presidenta menciona que lo que se busca es evitar las “fake news” y la desinformación cuando se publique algo falso o incorrecto, y hasta ahí parece una buena idea; pero el problema es que donde más se miente es justamente en las famosas “mañaneras” de Palacio Nacional.
¿Cuántas veces no hemos visto que niegan cosas obvias?, como cuando se incendió la refinería “Dos Bocas”, lo negaron; o cuando se descarriló el Tren Interoceánico, también lo negaron recurriendo a un tecnicismo.
Y ante investigaciones periodísticas serias y bien documentadas, las niegan o sacan la infalible de culpar a Felipe Calderón.
Es decir, mi pregunta sería: ¿a poco con ese criterio van a decidir cuándo es y cuándo no es verdad determinada información?
Porque, bajo esa lógica, solo podrían hablar o dar sus opiniones quienes alaban al régimen y que, por cierto, reciben dinero público para hacerlo; es decir, sus famosos “influencers del Bienestar”.
Y ojo, espero que no se malentienda: esta idea de no darle vuelo a notas falsas puede ser muy útil; el tema es que quienes la proponen tienen maestría y doctorado en mentir.
Ahora sí que, de los creadores de la gasolina a 10 pesos, de la refinería que no refina, de quienes defienden que los hijos del expresidente López Obrador viven de los 200 pesos de la cartera de su padre, o del sistema de salud de Dinamarca, ahora vendrían a decirnos qué es verdad y qué es mentira.
Lo he dicho hasta el cansancio, pero ya empiezan a sentir el coraje ciudadano y creen que controlando la narrativa podrán mantener el poder.
Esto es altamente peligroso para la democracia, sobre todo porque, desde otro enfoque, dicen que no es censura, sino que solo se evitarían notas falsas; pero eso me recuerda cuando eliminaron al INAI, argumentando que ellos manejarían mejor la transparencia, y resultó un gran fracaso.
O como cuando cancelaron el Seguro Popular porque el INSABI era la solución, o cuando quitaron las estancias infantiles; en todos los casos fueron graves errores.
Por eso creo que podría tratarse de un acto desesperado para frenar el rechazo del país que ya comenzó y, aunque en algún punto van a perder el poder, su lógica es retardarlo lo más posible.
Hay que estar atentos, porque de aprobarse, en unos días un interventor del gobierno nos estaría diciendo: “Por favor, no hables de Rocha Moya y sus vínculos con el narco; mejor habla de un opositor”.
En fin, coincidirá conmigo en que se trata de un atropello a la libertad de prensa y de expresión. Y si creen que lo disfrazan de una supuesta regulación, no se confundan: ningún país exitoso y poderoso ha tomado ese camino tan dictatorial que aquí ya decidieron.
Para cerrar, le diré tres países que aplicaron medidas para tratar de censurar y, entre varios ejemplos, aparecen Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Ahora sí, juzgue usted.
