Recientemente la política y el narcotráfico en México ha estado envuelta en silencios, insinuaciones, expedientes incompletos y acusaciones que rara vez llegan a una consecuencia definitiva. Se habla de gobernadores, alcaldes, policías, legisladores y operadores políticos que habrían servido como intermediarios, protectores o facilitadores de grupos criminales, pero casi siempre la discusión termina en el mismo punto, versiones, sospechas y una enorme distancia entre lo que la sociedad sabe y lo que las autoridades consiguen acreditar.
El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Terry Cole, lanzó hace unos días una advertencia que trasciende por mucho al Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante una conferencia en Washington, donde se anunciaron nuevas acusaciones, recompensas y acciones contra integrantes del CJNG, Cole dejó una frase que difícilmente puede entenderse únicamente como retórica antidrogas, “si utilizan cargos públicos para proteger a los cárteles, esta es su advertencia, la DEA va por ustedes. Ningún título, cargo ni conexión política los protegerá”.
No habló únicamente de narcotraficantes. Habló de políticos. Y esa diferencia importa.
Estados Unidos ha endurecido durante los últimos meses su estrategia contra las organizaciones criminales mexicanas. La designación de varios cárteles como organizaciones terroristas, el incremento de recompensas, las sanciones financieras, las restricciones de visa y las investigaciones sobre redes de lavado han ampliado considerablemente las herramientas disponibles para Washington. Ahora, el mensaje de Cole incorpora explícitamente a quienes desde posiciones gubernamentales faciliten, protejan o permitan las operaciones criminales. El objetivo declarado ya no es solamente desarticular una organización. Es romper la estructura política y financiera que hace posible su supervivencia.
La relación entre el crimen organizado y el poder político nunca ha sido un fenómeno exclusivo de un partido. Durante otros gobiernos hubo funcionarios procesados, policías coludidos y redes de protección que terminaron documentadas judicialmente.
Pero también sería ingenuo ignorar que los casos más relevantes que hoy están bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses alcanzan principalmente a personajes vinculados con Morena. Es ahí donde se encuentran actualmente varios de los funcionarios y exfuncionarios sometidos a investigaciones, acusaciones o señalamientos públicos. Sinaloa constituye el ejemplo más delicado.
En abril de este año, autoridades estadounidenses formularon acusaciones que involucraron al entonces gobernador Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos vínculos con estructuras del Cártel de Sinaloa. Rocha rechazó las imputaciones y posteriormente solicitó licencia temporal para permitir que las investigaciones siguieran su curso. La acusación estadounidense sostuvo incluso que estructuras criminales habrían intervenido en el proceso electoral de 2021 para favorecer su llegada al gobierno, señalamientos que él ha negado.
La presunción de inocencia obliga a mantener una distinción fundamental, una acusación no equivale a una sentencia. Ninguna investigación estadounidense sustituye el debido proceso ni permite declarar culpable a una persona antes de que un tribunal determine responsabilidades. Sin embargo, políticamente resulta imposible fingir que esos señalamientos no existen.
Mucho menos cuando el contexto mexicano ha normalizado durante años una pregunta extremadamente incómoda, ¿hasta dónde puede gobernarse un territorio dominado por organizaciones criminales sin establecer algún tipo de relación, negociación o convivencia con ellas?. En algunas regiones del país esa pregunta dejó de ser teórica.
Los grupos criminales controlan carreteras, economías locales, actividades comerciales, cuerpos policiacos, municipios completos e incluso decisiones electorales. Existen zonas donde ningún candidato puede hacer campaña sin tomar en cuenta quién domina el territorio. Hay empresarios que pagan cuotas, alcaldes que gobiernan bajo amenaza, policías infiltradas y comunidades donde la autoridad formal convive diariamente con un poder criminal que tiene capacidad para imponer reglas.
El problema empieza cuando esa convivencia deja de ser producto de la intimidación y se convierte en complicidad. Ahí cambia todo.
Una cosa es un gobierno incapaz de controlar completamente un territorio. Otra muy distinta es un funcionario que utiliza las instituciones para proteger a una organización, facilitar sus operaciones, entregar información, permitir el lavado de dinero o impedir la captura de sus dirigentes. Precisamente hacia ese punto dirigió Terry Cole su mensaje.
La DEA no anunció solamente que seguirá persiguiendo narcotraficantes. Anunció que pretende atacar “todas las redes” que permiten funcionar a los cárteles, liderazgo, financiamiento, corrupción y protección política. Y lo hizo mientras el Departamento de Justicia incrementaba recompensas superiores a cien millones de dólares contra dirigentes del CJNG y ampliaba las acciones financieras para asfixiar sus operaciones.
El cambio tiene otra característica importante, Washington parece menos dispuesto a aceptar que la cooperación termine donde comienzan las sensibilidades políticas mexicanas.
Durante años, la relación bilateral funcionó mediante equilibrios cuidadosamente administrados. México aceptaba determinada colaboración de las agencias estadounidenses, pero mantenía el control político sobre extradiciones, investigaciones y operaciones dentro del territorio nacional. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador incluso redujo considerablemente el margen de acción de la DEA, acusándola de intervenir en asuntos internos y de desarrollar investigaciones sin conocimiento de las autoridades mexicanas.
Terry Cole conoce perfectamente esa etapa. No es un funcionario que llegue por primera vez a observar México desde Washington. Trabajó durante años en la DEA, dirigió la oficina regional responsable de México, Canadá y Centroamérica y estuvo destinado en nuestro país durante el gobierno de López Obrador. Después de abandonar la agencia criticó públicamente lo que consideraba una relación demasiado estrecha entre organizaciones criminales y funcionarios mexicanos. Su regreso bajo la administración de Donald Trump representa una línea mucho más agresiva de combate al narcotráfico.
Por ello resultó especialmente significativo que, al mismo tiempo que amenazó a los políticos vinculados con los cárteles, Cole reconociera públicamente la colaboración con Omar García Harfuch.
El mensaje tiene dos destinatarios. A quienes cooperan, Washington les reconoce interlocución. A quienes protegen estructuras criminales, les advierte que el cargo no será suficiente.
Eso coloca a la administración de Claudia Sheinbaum frente a una situación particularmente compleja.
La presidenta ha insistido en una fórmula que resulta correcta desde el punto de vista institucional, colaboración y coordinación, pero nunca subordinación. México es un país soberano y ninguna agencia extranjera debe operar libremente dentro del territorio nacional ni sustituir las funciones de las autoridades mexicanas.
El problema aparece cuando las investigaciones estadounidenses avanzan más rápido que las mexicanas.
Si Washington obtiene pruebas contra funcionarios mexicanos, presenta acusaciones ante tribunales, congela cuentas, retira visas o solicita extradiciones mientras en México no existe ninguna investigación equivalente, la discusión dejará de ser únicamente jurídica y se convertirá en una crisis política.
Algo semejante ya ocurrió con Genaro García Luna. Durante años fue uno de los funcionarios de seguridad más poderosos de México. Aquí no enfrentó un proceso que revelara la magnitud de sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. Fue Estados Unidos quien lo detuvo, procesó y condenó. El caso dejó una pregunta incómoda para el Estado mexicano, ¿cómo pudo llegar a semejante nivel de poder sin que las instituciones nacionales detectaran lo que posteriormente acreditó un tribunal estadounidense?.
Morena utilizó ese caso durante años para construir un argumento político implacable. López Obrador insistió en que Felipe Calderón no podía simplemente deslindarse de su secretario de Seguridad. Si García Luna estaba involucrado con el crimen, decía el obradorismo, el presidente debía explicar cómo era posible que no lo supiera.
Esa misma lógica inevitablemente regresa cuando las investigaciones alcanzan a funcionarios del actual régimen. No porque exista una equivalencia automática entre los casos, sino porque los argumentos deben ser consistentes.
Si un gobernador designa a un secretario de Seguridad que después resulta acusado de dirigir o proteger una organización criminal, debe explicar qué ocurrió. Si funcionarios públicos aparecen vinculados con redes financieras del narcotráfico, las autoridades deben investigarlos. Si un alcalde recibe protección de un grupo criminal, debe determinarse qué compromisos existen detrás.
La militancia partidista no puede convertirse en refugio. Eso es precisamente lo que significa la frase de Terry Cole, ningún título, cargo o conexión política servirá como protección. Y ahí probablemente se encuentra la verdadera preocupación detrás de las palabras del director de la DEA.
Estados Unidos parece dispuesto a romper una regla no escrita que permitió separar convenientemente al narcotraficante del político que facilitaba sus operaciones. La nueva estrategia parte de una idea mucho más agresiva, un cártel no puede operar durante años, mover miles de millones de dólares, controlar territorios, transportar toneladas de droga y utilizar puertos, carreteras y estructuras financieras sin algún nivel de corrupción institucional.
Si esa premisa guía las investigaciones futuras, el problema para México será enorme. Porque dejará de bastar con detener a los capos. Habrá que seguir el dinero. Habrá que identificar permisos, contratos, policías, funcionarios, notarios, empresas, municipios y estructuras electorales.
Habrá que explicar cómo crecieron organizaciones criminales completas frente al gobierno que aseguraban combatirlas. Y habrá que determinar hasta dónde llegaban sus redes políticas. Eso podría resultar devastador para cualquier partido cuyos integrantes aparezcan involucrados.
Hoy Morena concentra buena parte del poder político nacional, gobierna al país, a la mayoría de los estados, cientos de municipios y posee amplias mayorías legislativas. Por esa elemental distribución del poder, cualquier investigación sobre autoridades mexicanas inevitablemente tendrá mayores posibilidades de alcanzar funcionarios pertenecientes al partido gobernante.
Por eso la advertencia estadounidense resulta particularmente incómoda para el movimiento de la autodenominada cuarta transformación.
El discurso oficial insistió en que el problema del narcotráfico se encontraba asociado a gobiernos anteriores. Hoy esa narrativa enfrenta una realidad diferente, varios de los casos que ocupan la atención pública involucran a funcionarios que llegaron al poder precisamente bajo la bandera del lopezobradorismo.
La respuesta correcta no debería ser defenderlos automáticamente. Debería ser investigarlos.
La presidenta Sheinbaum tiene ahí una oportunidad importante. Si existe evidencia contra algún funcionario, permitir que las instituciones mexicanas actúen fortalecería al Estado y demostraría que la cooperación con Estados Unidos no implica subordinación. Por el contrario, la mejor defensa de la soberanía consiste precisamente en tener instituciones capaces de investigar y sancionar por sí mismas.
Porque la soberanía no significa proteger a un funcionario mexicano de una investigación extranjera. Significa evitar que sea necesario que otro país haga el trabajo que México debió realizar.
Washington está diciendo abiertamente que un cargo público no será suficiente para proteger a quien colabore con los cárteles. Esto es el anuncio de que los acuerdos que garantizaron impunidad están llegando a su fin. Y entonces la pregunta ya no será únicamente qué narcotraficante sigue en la lista. La verdadera pregunta será quién, desde el poder político, aparece junto a él.
