Durante años, el discurso oficial de Morena ha intentado simplificar el problema de seguridad nacional bajo una lógica extremadamente conveniente, todo aquel que coopere o mantenga comunicación con agencias estadounidenses automáticamente es sospechoso, traidor o subordinado a intereses extranjeros. Pero la realidad fronteriza de estados como Chihuahua es muchísimo más compleja que la narrativa propagandística construida desde Palacio Nacional.
La reciente ofensiva política y mediática contra la gobernadora Maru Campos deja ver nuevamente cómo el oficialismo mexicano ha convertido la seguridad nacional en un instrumento de confrontación política y no en una prioridad de Estado. Porque el verdadero problema para Morena no es la cooperación internacional; el verdadero problema es que existan gobiernos estatales que funcionen fuera del control político del oficialismo. Y Chihuahua representa exactamente eso.
El estado gobernado por Maria Eugenia Campos posee más de mil kilómetros de frontera con Estados Unidos. Es una de las entidades más sensibles estratégicamente para el tráfico de drogas, armas, personas, dinero y operaciones del crimen organizado. La dinámica de seguridad en Chihuahua no puede entenderse bajo la lógica simplista del centro político mexicano, donde muchos funcionarios hablan de soberanía desde oficinas ubicadas a miles de kilómetros de la frontera, sin comprender lo que realmente ocurre en el territorio.
Porque en Chihuahua la violencia no es teoría ideológica. Es realidad cotidiana. Ahí operan grupos criminales con presencia internacional; redes de tráfico que conectan directamente con organizaciones estadounidenses; estructuras financieras ilícitas; laboratorios clandestinos; rutas de trasiego y una disputa permanente por el control territorial. Pretender enfrentar esa realidad sin coordinación internacional sería simple irresponsabilidad política. Y eso lo entienden perfectamente las autoridades estatales fronterizas.
El problema para el gobierno federal es otro, reconocer esa necesidad implica aceptar también una realidad profundamente incómoda para Morena. Muchas instituciones federales mexicanas encargadas históricamente de la seguridad y procuración de justicia terminaron infiltradas, debilitadas o gravemente corrompidas.
No se trata de percepción política. Se trata de antecedentes documentados durante décadas.
La desaparición y reconstrucción constante de corporaciones federales; los vínculos de funcionarios con el narcotráfico; los casos de corrupción dentro de aduanas, migración, fiscalías y cuerpos policiales; las infiltraciones criminales dentro de estructuras de inteligencia y seguridad, forman parte de la historia reciente de México. El propio discurso obradorista utilizó durante años esos ejemplos para justificar la destrucción institucional del modelo de seguridad anterior. Durante años Morena sostuvo que el Estado mexicano estaba podrido por la corrupción heredada del pasado. Hoy, cuando una gobernadora reconoce implícitamente esa fragilidad institucional y actúa bajo esquemas de coordinación binacional para proteger una frontera estratégica, entonces resulta que es “entreguista” o “sospechosa”.
La lógica política del oficialismo termina chocando nuevamente contra la realidad. Y la realidad es muy sencilla, Estados Unidos no va a esperar a que México resuelva internamente sus problemas de infiltración criminal mientras el tráfico de fentanilo, armas y personas sigue cruzando diariamente la frontera. Washington ya dejó claro que el combate al narcotráfico dejó de ser solamente un asunto policial para convertirse en un tema de seguridad nacional.
Por eso las agencias estadounidenses han endurecido sus mecanismos de inteligencia, cooperación y operación regional. Y por eso también los estados fronterizos mantienen niveles de coordinación cada vez más estrechos con autoridades norteamericanas. No es subordinación política. Es supervivencia operativa.
Porque quienes viven la frontera entienden algo que muchas veces el centro político mexicano se niega a aceptar, el crimen organizado ya no funciona bajo límites nacionales tradicionales. Los cárteles operan como estructuras multinacionales con capacidad financiera, armada y tecnológica suficiente para desafiar gobiernos completos. Y frente a eso, la coordinación internacional deja de ser opcional.
También existe otro elemento que vuelve particularmente delicado el caso de Chihuahua, la posición geográfica y económica del estado dentro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Chihuahua no solamente comparte una de las fronteras más extensas del país; también representa uno de los corredores comerciales, industriales y logísticos más importantes de América del Norte. Miles de millones de dólares cruzan diariamente por esa frontera a través de exportaciones manufactureras, industria automotriz, comercio agrícola y cadenas de suministro estratégicas para ambos países. En otras palabras, la estabilidad de Chihuahua no es solamente un asunto local. Es un asunto binacional.
Por eso resulta profundamente simplista intentar reducir la coordinación en materia de seguridad a una narrativa de “intervencionismo extranjero”. Porque quienes sostienen este discurso parecen olvidar que el deterioro de la seguridad fronteriza impacta directamente en inversiones, empleo, comercio internacional y estabilidad económica regional.
La frontera norte mexicana dejó hace mucho tiempo de ser únicamente una línea territorial; hoy es uno de los puntos neurálgicos de la economía. Y cualquier gobierno estatal responsable entiende que proteger esa dinámica implica necesariamente coordinación constante con autoridades estadounidenses.
Morena, sin embargo, parece seguir atrapado en una visión ideológica de los años setenta, donde toda relación con agencias norteamericanas debe interpretarse automáticamente como traición o subordinación. Pero mientras el oficialismo intenta revivir discursos nacionalistas simplificados, la realidad internacional avanza bajo una lógica completamente distinta, cooperación, inteligencia compartida y seguridad regional integrada.
Además, el oficialismo parece ignorar deliberadamente que muchas de las estrategias implementadas en estados fronterizos han permitido contener escenarios de violencia mucho más graves. Chihuahua ha enfrentado históricamente momentos extremadamente complejos en materia de seguridad, pero también ha desarrollado esquemas de coordinación operativa, vigilancia e inteligencia que buscan evitar precisamente el colapso institucional que sí ocurrió en otras entidades del país.
Y ahí aparece otra diferencia importante. Mientras algunos gobiernos estatales fortalecen mecanismos preventivos y operativos para proteger su territorio, el gobierno federal muchas veces continúa atrapado en discusiones ideológicas sobre percepción política, narrativa pública y control mediático. La prioridad pareciera concentrarse más en administrar el discurso que en resolver el problema.
Eso explica también por qué muchas veces los gobiernos estatales terminan actuando con mayor pragmatismo que la propia federación. Porque en territorio, la realidad no espera conferencias mañaneras. La violencia no se combate con slogans. El narcotráfico no se contiene con propaganda. Y las fronteras no se protegen con discursos ideológicos. Se protegen con inteligencia, coordinación, operación y capacidad institucional.
Por eso el ataque político contra Maru Campos termina viéndose más como una estrategia partidista que como una preocupación genuina sobre la soberanía nacional. Morena necesita confrontación permanente porque gran parte de su narrativa depende de mantener emocionalmente movilizada a su base política. Y para lograrlo requiere fabricar constantemente nuevos adversarios. Hoy, fue Chihuahua.
La postura del oficialismo contra Maru Campos también revela otro fenómeno preocupante, Morena necesita construir enemigos permanentes para sostener su narrativa política. Cuando las crisis internas aumentan, cuando aparecen señalamientos internacionales sobre gobernadores oficialistas, cuando la violencia escala o la economía se desacelera, entonces el aparato político necesita redirigir la atención hacia adversarios externos. Resulta profundamente irónico observar cómo sectores del oficialismo intentan criminalizar la cooperación con agencias estadounidenses mientras simultáneamente el propio gobierno federal mantiene acuerdos permanentes de intercambio de información, operaciones conjuntas, inteligencia financiera y coordinación fronteriza con Estados Unidos.
De hecho, distintos reportes y análisis internacionales muestran que actualmente existen mecanismos de coordinación selectiva entre agencias estadounidenses y sectores específicos de las Fuerzas Armadas mexicanas, muchas veces bajo esquemas más discretos, fragmentados y reservados que en sexenios anteriores.
Y eso ocurre precisamente por el nivel de desconfianza institucional que existe hacia estructuras políticas mexicanas. Ese es el verdadero trasfondo incómodo.
La desconfianza internacional hacia ciertas áreas del Estado mexicano no apareció con Maru Campos ni con Chihuahua. Es consecuencia de la infiltración criminal, impunidad política y debilitamiento institucional que hoy terminan afectando incluso la credibilidad diplomática del país.
La frontera funciona bajo amenazas reales, violencia real y riesgos reales. Ahí no basta repetir consignas sobre soberanía o intervención extranjera. Ahí las autoridades tienen la obligación de proteger a su población utilizando todos los mecanismos legales y operativos disponibles. Y eso incluye cooperación internacional.
El problema de fondo para Morena es que cada vez resulta más difícil sostener narrativas ideológicas rígidas frente a una realidad de seguridad nacional profundamente deteriorada. México enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente en materia de violencia, infiltración criminal y presión internacional.
Y en ese contexto, convertir la cooperación fronteriza en herramienta de golpeteo político resulta no solamente irresponsable, sino peligrosamente miope.
Porque mientras la clase política discute propaganda, la frontera sigue enfrentando todos los días el verdadero problema, el crimen organizado convertido en un poder transnacional con capacidad suficiente para desafiar gobiernos, instituciones y territorios completos.
Y esa realidad no desaparece con discursos.
