En el México que hoy conocemos, donde la política se vive como una epopeya de héroes y villanos, hay un tema que suele quedarse en la letra pequeña de los periódicos, en el lenguaje críptico de los especialistas. Hablo de los impuestos. Y, sin embargo, es el eje que podría inclinar la balanza hacia un país más justo o consolidar para siempre esta especie de apartheid económico que padecemos.
Hace unas semanas, Oxfam México soltó una bomba de números que debería retumbar en todas las cocinas económicas del poder. Una bomba que, por conocida, no duele menos. La foto es la de siempre: un país con una minoría que nada en la opulencia mientras las mayorías se ahogan en la precariedad. Pero el dato frío, quirúrgico, que presentaron Alejandra Haas y su equipo es de los que quitan el sueño: en 2025, las personas que ganaron más de 500 millones de pesos (sí, esos para quienes un año es una mina de oro) aportaron, en conjunto, apenas 21 centavos de cada 100 pesos que el gobierno federal recaudó por impuestos.
La pregunta es obligada: ¿cómo es posible que, en un país con una necesidad tan evidente de recursos para escuelas, hospitales o infraestructura, los que tienen la capacidad contributiva más alta terminen pagando una cantidad que, en proporción a su riqueza, es casi simbólica? La respuesta, como suele ocurrir, no es simple, pero tiene nombres y apellidos: son las llamadas «renuncias recaudatorias», los privilegios fiscales, las tasas efectivas muy por debajo de lo que dicta la ley. Es el laberinto legal que permite que la riqueza, en lugar de circular y volverse bienestar, se acumule en unas pocas bóvedas.
El propio sistema, con sus mecanismos, a veces parece diseñado para que los peces gordos naden libres mientras la red se cierra sobre los peces pequeños. No es casualidad. Carlos Brown, también de Oxfam, nos recordaba que los 22 milmillonarios mexicanos (sí, apenas 22) acumulan una fortuna superior a los 3.9 billones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, su riqueza se ha multiplicado por cuatro desde 1996, mientras que la economía del país apenas logró duplicarse. El pastel crece, sí, pero las rebanadas de los de siempre son descomunales.
Frente a esto, la académica Alice Krozer lanza una pregunta incómoda, de esas que resuenan en el silencio oficial: ¿cómo es posible que en un país con la desigualdad más lacerante del continente no haya una discusión seria, de fondo, sobre una reforma fiscal que sea verdaderamente progresiva? No se trata de demagogia ni de expropiar, se trata de sentido aritmético y de justicia elemental. Se trata de que el que más tiene, más aporte al sostenimiento de la casa común.
Oxfam propone, en su informe, nueve medidas que van desde mover los flujos de inversión de manera más democrática hasta reparar la irresponsabilidad fiscal de los súper ricos, pasando por redistribuir subsidios (como el de la electricidad) — para que realmente beneficien a quien más lo necesita. Son propuestas de manual de economía cívica, nada del otro mundo.
Pero aquí está el meollo del asunto, lo que aterra a nuestras élites: una reforma fiscal de fondo no es sólo un ajuste técnico. Es un acto de soberanía, un reordenamiento del poder. Porque al final, la pregunta no es si el Estado necesita más recursos (es obvio que sí), sino de quién los va a tomar y para qué los va a usar. Y mientras los 22 de arriba sigan pagando lo que les viene en gana, o lo que sus ingenieros fiscales les permitan, seguiremos viviendo en un país donde la democracia económica es una ficción y la oligarquía, una realidad perfectamente consolidada.
La urgencia está declarada. Lo que falta es la voluntad.
