Tras las polémicas elecciones del pasado domingo en Venezuela, en las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficialista proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro con cifras que no pueden respaldar con las actas de las mesas de votación, el mandatario chavista se encuentra en su peor momento político: rechazado por la mayoría de sus ciudadanos en su país y desacreditado internacionalmente.
Desde los gobiernos de la izquierda democrática de América –México, Brasil, Colombia y Chile– hasta la Unión Europea, Estados Unidos y las Naciones Unidas, han solicitado al gobernante y al CNE que transparenten los resultados de los comicios y divulguen las actas de votación, que han retenido durante cuatro días porque les serían adversas.
El silencio del CNE, cuyo rector principal, el chavista Elvis Amoroso, proclamó a Maduro presidente electo para el periodo 2025-2031 el pasado lunes, cuando aún no se había finalizado el conteo, ha llevado a la oposición a trabajar para recopilar las actas de las mesas de votación, que el día de la elección fueron negadas a sus testigos por los chavistas que controlaban los centros.
Según esas actas, disponibles en el portal resultadospresidencialesvenezuela2024.com, el opositor Edmundo González Urrutia ganó con al menos el 70% de los votos y con una ventaja de más de 30 puntos sobre Maduro. Varias encuestas a boca de urna de empresas independientes confirman estos datos.
Sin embargo, Maduro insiste en que ganó y ha amenazado con encarcelar a González Urrutia. El lunes anterior, reprimió con dureza las protestas espontáneas que surgieron en todo el país contra lo que se considera un fraude electoral. Las fuerzas de seguridad del presidente mataron a al menos 11 manifestantes, hirieron a decenas más y detuvieron a cerca de 200 personas.
A las exigencias de buena parte de la comunidad internacional de que el régimen chavista transparente los resultados electorales, se sumó el martes por la noche un informe demoledor del Centro Carter, una fundación estadounidense con amplia experiencia en observar comicios en todo el mundo. En el pasado, esta ONG avaló varias elecciones en Venezuela, pero respecto a la elección del domingo, señaló que “no puede ser considerada como democrática” y sostuvo que no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral.
Los observadores de esa ONG indicaron en su informe que les resulta imposible “verificar o corroborar la autenticidad de los resultados” declarados por el CNE, y que el hecho de que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa constituye una grave violación de los principios electorales.
El Centro Carter, junto con una Misión de Naciones Unidas, precisó que “el proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación”. Añadió que “a lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición”.
Entre los pocos países que aceptan la reelección de Maduro están China, Rusia e Irán, que lo hacen por interés geopolítico, por sus conflictos con Estados Unidos y porque no son partidarios de la democracia liberal occidental. Cuba y Nicaragua también respaldan al chavista, debido a la estrecha relación de cooperación que tienen con el régimen de Caracas.
La pregunta que muchos se hacen es qué va a pasar en Venezuela y con Maduro frente a las evidencias de que la oposición tiene razón y de que en el país, el pasado domingo, ocurrió un monumental fraude electoral.
Académicos y analistas que conocen al régimen coinciden en que Maduro se va a aferrar al poder a cualquier costo, ya que renunciar a él significaría la cárcel o la pérdida del patrimonio para la gran mayoría de los funcionarios chavistas.
Maduro aún intenta presentar a la oposición como un grupo de “ultraderechistas, fascistas, agentes del imperio” que buscan desestabilizar la Revolución Bolivariana, un discurso insostenible con los niveles de corrupción, de pobreza (más de 80%) y de autoritarismo burgués que hay en Venezuela.
Ese discurso se mantendrá, y también intentará tretas conocidas, como culpar a la oposición de actos vandálicos que cometen los “colectivos chavistas”, grupos paramilitares del régimen que suelen actuar encapuchados, armados, en caravanas de motos y protegidos por las fuerzas de seguridad.
También, según observadores, intentará acusar a la oposición de que las actas electorales que ha recopilado no son auténticas.
El exvicepresidente de Colombia Francisco Santos, un derechista amigo de las agencias de seguridad de Estados Unidos, aseguró en su cuenta de X que Maduro tiene en marcha un plan para elaborar actas de votación apócrifas que mostrará a la comunidad internacional como las verdaderas. Santos escribió: “Con mucha responsabilidad y luego de verificar 100% esta información confirmo que: En los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Filas de Mariche, estado Miranda (en la zona metropolitana de Caracas), hay un equipo de 150 empleados del ente electoral de Venezuela, todos supervisados por un grupo de ingenieros chinos de 4 personas (fabricantes de las máquinas)”.
Agregó que el objetivo es “imprimir la totalidad de las nuevas actas y presentarlas a los observadores internacionales antes del viernes 2 de agosto”.
