Editorial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un contundente golpe en defensa de la libertad de información al invalidar el acuerdo que declaraba las obras del Gobierno de López Obrador como “seguridad nacional”. Un paso importante en la lucha contra la opacidad y el secretismo que han caracterizado la administración actual.
Desde su llegada al poder en 2018, el gobierno de López Obrador ha hecho uso de la figura de la seguridad nacional para clasificar información pública, lo que ha generado preocupación entre organismos civiles y la prensa. Las obras en Tren Maya y la refinería de Dos Bocas son solo algunos ejemplos de proyectos que fueron clasificados como secretos de Estado y, por lo tanto, sujetos a protección.
La Suprema Corte ha señalado que el acuerdo que declaraba estas obras como de “seguridad nacional” era inconstitucional, ya que vulnera el derecho de acceso a la información. La medida ha sido contenida por los defensores de la transparencia y la rendición de cuentas, quienes han visto en ella un triunfo importante contra el secretismo y la opacidad que han caracterizado a la administración actual.
Sin embargo, el camino hacia la transparencia y la rendición de cuentas es largo. A pesar de la sentencia de la Suprema Corte, el gobierno de López Obrador se ha mostrado reacio a abrir los expedientes de estos proyectos a la mirada pública, lo que demuestra una resistencia a seguir los lineamientos de la democracia. La que él mismo pregonaba desde hace décadas.
Es fundamental que la prensa y los organismos civiles continúen ejerciendo su papel en la defensa de la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno. Debemos asegurarnos de que el derecho a la información pueda ser ejercido plenamente, sin restricciones arbitrarias y sin temor a la represión. La sentencia de la SCJN es un paso adelante en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas. No obstante, es importante recordar que el derecho a la información es un pilar central de la democracia y que debemos seguir trabajando juntos para fortalecerlo y protegerlo.
Una clara muestra de cómo la transparencia y la democracia son constantemente desafiadas por el gobierno es que actualmente el presidente no quiere a ninguna costa que se sepan los números y datos de sus más grandes proyectos de administración.
En el contexto de una sociedad cada vez más preocupada por la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno, el proyecto del Tren Maya ha sido objeto de críticas y debates en el país. El proyecto fue promovido por el gobierno como una iniciativa clave para el desarrollo y la generación de empleos en la región del sureste de México, pero ha sido criticado por los grupos de defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
La controversia ha aumentado después de que el presidente López Obrador emitiese un decreto para proteger la información clasificada de la obra del Tren Maya, lo que ha sido visto como un intento de evitar la transparencia y la rendición de cuentas.
La medida, al ser rechazada por la SCJN, ha sentenciado que el decreto presidencial es inconstitucional y viola los derechos de acceso a la información y la transparencia en el gobierno. La Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otros actores de la sociedad civil y de los medios de comunicación también han criticado la medida como un intento del gobierno de limitar la transparencia y la información pública, lo que se suma a la creciente preocupación por el acceso a la información gubernamental.
El gobierno ha defendido su política de seguridad nacional y protección de información, argumentando que es necesario garantizar la seguridad y la privacidad de los datos relacionados con la construcción del Tren Maya. Sin embargo, la medida ha sido vista como un intento del gobierno de evadir la responsabilidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos y la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos.
La falta de transparencia en el proyecto del Tren Maya y la decisión del gobierno de López Obrador de proteger la información clasificada han generado una gran preocupación entre la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional. La decisión del gobierno ha sido vista como una amenaza a la transparencia y la rendición de cuentas en el país, lo que afecta negativamente la democracia y el derecho de los ciudadanos a la información.
El proyecto del Tren Maya debe ser objeto de un debate transparente y abierto, con la participación de expertos, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes en la toma de decisiones. Además, se deben tomar medidas para garantizar que la construcción del tren se realice de manera sostenible y respetando los derechos humanos, incluyendo la participación de las comunidades afectadas por la obra.
No cabe duda de que la decisión del gobierno de López Obrador de proteger la información clasificada del proyecto del Tren Maya es una amenaza no solo a la transparencia y la rendición de cuentas sino también a nuestra democracia. Tolerancia no es indiferencia, no presupone indiferencia. Si somos indiferentes no tenemos interés y esto puede acabar con todo.
