Por Hada Sáenz
El 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, establecido desde 1992; ahora, 30 años después, en México persiste el fenómeno en mayor intensidad. Los datos oficiales no son alentadores, esto porque a pesar de que la incidencia (es decir, el porcentaje de personas en dicha condición) se ha mantenido relativamente constante, no ocurre lo mismo en términos absolutos. Se dice que una persona es pobre extremo de ingresos si su ingreso mensual no permite la compra de una canasta alimentaria básica, mientras que la pobreza de ingresos suma a la anterior una canasta con servicios y productos básicos no alimentarios. Para el entorno urbano, en agosto de 2020, los valores de estas canastas fueron de $1702.28 y de $3559.88, respectivamente.
Tomando estos valores se identificó que alrededor del 14.9% de las personas que viven en entornos urbanos se ubican en pobreza extrema, y el 50.9% en pobreza, partiendo únicamente de su capacidad monetaria. Esos porcentajes no son muy distintos de los reportados en 1992 (aun y cuando debe aclararse que cambió la metodología con que se calculan dichas canastas), pues eran de 13.0% y 44.3%. Tristemente, los valores absolutos estimados señalan que la pobreza extrema de ingresos pasó de alrededor de 6.8 a 14.6 millones de personas; mientras que la pobreza aumentó de 23.1 a 49.7 millones de personas. Los datos oficiales para el 2022 aún no están disponibles pues la encuesta con que se elaboran apenas se levanta este año; aunque es posible darse una idea a través de los cálculos de Coneval para la pobreza laboral, entre ellos destaca el porcentaje de personas que no pueden comprar la canasta básica alimentaria a partir de sus salarios (lo cual es solo un parte del ingreso total de los hogares), éste último reporta que la pobreza laboral se ha reducido de 46.2% en el último trimestre de 2020 a 38.3% en el segundo trimestre de 2022; valores semejantes a los reportados en 2019. Es en este punto, observando y analizando la magnitud del problema es que podemos decir que la pobreza de ingresos es un problema de índole estructural, donde no se debe generalizar y decir que se es pobre porque se quiera, ya que implicaría que solo basta desear no serlo.
Es necesario generar planes intersectoriales e interinstitucionales, así como un fomento a la participación de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y de las universidades, si se desean promover estrategias que mejoren las condiciones de vida de quienes habitamos este país. Los discursos donde se desconoce el factor estructural de la pobreza parecen ajenos a la realidad, donde los salarios son bajos y se requieren apoyos gubernamentales (desde municipales hasta federales) para hacer frente al día a día, para garantizar lo mínimo al hogar, y donde además no se garantiza el acceso a los derechos humanos fundamentales para toda la población. Se requieren acciones también de educación, salud, concientización, seguridad, de combate a la corrupción y a la impunidad. Hay mucho por hacer, hay muchas áreas que atender, ¿están los gobiernos de los distintos niveles dispuestos a trabajar para empezar a revertir el fenómeno? Debemos estar atentos.
