Hablar de violencia vicaria no es sencillo, porque nos obliga a mirar una de las formas más dolorosas y silenciosas de la violencia familiar: aquella en la que los hijos se convierten en instrumentos para causar daño. No se trata solo de un conflicto entre adultos, sino de una agresión directa contra la infancia, que deja huellas emocionales profundas y duraderas.
La violencia vicaria ocurre cuando uno de los padres utiliza a las hijas o hijos para lastimar al otro progenitor: los aleja, los manipula, siembra miedo, rompe vínculos afectivos, impide convivencias, desacredita al otro frente a ellos o los coloca en situaciones de riesgo. Todo con un objetivo claro: provocar sufrimiento emocional como forma de venganza o control.
En este contexto, Coahuila enfrenta hoy un hecho histórico y delicado: el primer caso en el estado en el que una mujer ha sido vinculada a proceso por el delito de violencia vicaria, y el segundo a nivel nacional en el que una persona del sexo femenino enfrenta este tipo de acusación formal. Este dato, más allá de lo inusual, obliga a reflexionar sobre un principio fundamental: la protección de la niñez debe estar por encima de cualquier debate de género o conflicto de pareja.
Si bien la violencia vicaria ha sido reconocida principalmente como una forma de violencia ejercida por hombres contra mujeres —y así lo confirman la mayoría de los registros y testimonios—, este caso rompe estereotipos y deja claro que el daño a los menores no tiene justificación, sin importar quién lo cometa. La ley debe proteger a las víctimas, no a las narrativas.
Que una autoridad judicial haya determinado la vinculación a proceso no significa una sentencia, pero sí implica que existen elementos suficientes para investigar, juzgar y, en su caso, sancionar una conducta que atenta directamente contra los derechos de niñas y niños. También envía un mensaje contundente: la manipulación emocional, el alejamiento forzado y el uso de los hijos como medio de castigo ya no son asuntos “privados”, sino posibles delitos.
Este tipo de violencia suele pasar desapercibida porque no siempre deja marcas físicas. Sin embargo, especialistas en psicología infantil advierten que sus consecuencias pueden ser incluso más graves: ansiedad, depresión, problemas de conducta, bajo rendimiento escolar, dificultades para establecer relaciones sanas en la adultez y una percepción distorsionada del afecto y la autoridad.
Por ello, este caso debe servir como punto de partida para revisar si los sistemas de atención a la familia, los juzgados, las escuelas y los servicios de salud están realmente capacitados para detectar señales de alerta tempranas. Muchas veces, los menores expresan su sufrimiento con cambios de conducta, miedo, aislamiento o agresividad, y no siempre hay adultos que sepan interpretar esas señales.
Además, la violencia vicaria suele estar acompañada de procesos legales largos y desgastantes, donde los menores quedan atrapados en disputas judiciales que se prolongan durante años. En ese tiempo, el daño emocional sigue creciendo, mientras los adultos discuten custodias, denuncias y derechos, olvidando que el centro del problema no debería ser quién gana, sino quién protege.
Hoy, más que nunca, es necesario fortalecer la prevención, la mediación familiar, la atención psicológica especializada y los protocolos de actuación para jueces, ministerios públicos, escuelas y trabajadores sociales. No basta con castigar cuando el daño ya está hecho; es urgente intervenir antes de que los vínculos se rompan de forma irreversible.
Este primer caso en Coahuila no debe verse solo como un hecho aislado ni como una cifra para el registro judicial. Debe ser un llamado a la conciencia social, a la corresponsabilidad institucional y a la empatía comunitaria. Porque cuando un niño es usado como arma, toda la sociedad falla.
Que esta historia marque el inicio de una mayor vigilancia, de leyes mejor aplicadas y, sobre todo, de una cultura que entienda que los hijos no son propiedad, no son mensajeros del rencor ni botín de guerra en las rupturas de pareja. Son personas con derechos, con emociones y con futuro. Y ese futuro merece ser protegido hoy.
