Donald Trump fue, como es su costumbre, claro, y señaló directamente que el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum tiene un trato preferencial hacia grupos organizados y de narcotraficantes. Los señalamientos agravan la situación porque surgen en un contexto de creciente desconfianza hacia el gobierno federal, especialmente en un país donde la violencia vinculada al narcotráfico sigue siendo uno de los principales problemas.
Aunque las maromas del oficialismo fueron olímpicas para intentar evadir las acusaciones, la administración de Sheinbaum, al ser acusada de tales acuerdos, se enfrenta a un reto de credibilidad, y, las acusaciones alimentan la desconfianza popular y contribuyen a la imagen de impunidad que sigue afectando al país. Trump buscaba una reacción, y solo había dos opciones, que la presidenta lo desmintiera sin evidencia; o que asumiera un posicionamiento firme de que el gobierno mexicano actuará de manera contundente en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico para restaurar la confianza de los ciudadanos. Claramente pasó lo primero.
La respuesta de la presidenta evidenció solamente que su único recurso es la constante retórica de seguridad, y que está atrapada en un círculo vicioso de promesas incumplidas y medidas superficiales que arrastra desde el anterior sexenio. La estrategia de seguridad ha sido inconsistente y ha generado más desconfianza en la ciudadanía que resultados reales. Las políticas implementadas son limitadas a la seguridad pública, sin abordar de forma integral el origen del problema, y se agrava con acciones como el debilitamiento de las instituciones, la corrupción generada por la 4T y la infiltración del crimen organizado en las estructuras del poder.
La complejidad del problema, que incluye no sólo la violencia directa, sino también el lavado de dinero, el tráfico de armas y la impunidad, exige respuestas más agresivas y coordinadas. Sin embargo, la falta de una política coherente y decisiva provoca la sensación de que el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha asumido la urgencia de la situación.
La falta de una respuesta firme de luchar contra el narcotráfico y la delincuencia provocó la entrada en vigor de la amenazante imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos. Pero no habían pasado 48 horas desde que el presidente Donald Trump anunció el castigo arancelario , cuando la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje en sus redes sociales, para alimentar la falsa retórica triunfalista de frenar por un mes los aranceles, “Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump, siempre con respeto a nuestra relación y a la soberanía de México”.
Pero la realidad, evidenció el inmediato sometimiento del gobierno mexicano a los deseos de Trump, pues como consecuencia del mensaje de la presidenta arrancó casi de inmediato el “Operativo Frontera Norte”, para satisfacer las demandas del presidente, con la reubicación de más de 10,000 elementos de las fuerzas armadas, este operativo busca frenar el flujo migratorio hacia el norte como parte de un acuerdo para evitar el aumento de aranceles a productos mexicanos. El propio Trump aseguró en una publicación que estos “soldados específicamente estarán designados para detener el flujo de fentanilo y migrantes”.
Junto a los elementos de las fuerzas armadas se han desplegado unidades que incluyen vehículos militares, elementos motorizados y equipos de vigilancia con drones para detectar intentos de cruce ilegal y desarticular redes de tráfico de personas.
Al final de cuentas, Claudia hizo lo mismo que López; para evitar mayores afectaciones económicas, accedió rápidamente a intensificar la contención migratoria, sin obtener ninguna compensación a cambio, palabras más, palabras menos, tuvo que aceptar las demandas de Trump para evitar sanciones comerciales, sin negociar beneficios tangibles.
