La consulta de revocación de mandato en Oaxaca no fue el ejercicio de democracia participativa que el gobernador Salomón Jara imaginó. Fue, más bien, una demostración de lo que ocurre cuando el poder confunde movilización con respaldo y acarreo con legitimidad. Lo que debía ser una fiesta terminó siendo un espejo incómodo.
El oficialismo quiso emular la revocación presidencial de 2022. La realidad fue otra. A diferencia del 91% que respaldó a López Obrador, Salomón Jara apenas logró un 58% a favor de su permanencia, con un 39% de ciudadanos que votaron abiertamente para que se vaya por pérdida de confianza. Todo ello, además, sin alcanzar el 40% de participación necesario para que el resultado fuera vinculante. Legalmente, nada pasó. Políticamente, pasó todo.
El problema no fue solo el resultado, sino el proceso. En casillas de la capital y municipios conurbados, los votos contra el gobernador superaron por amplio margen a los favorables. Incluso en su propia casilla perdió. Una ironía difícil de ignorar para un gobierno que presume cercanía con el pueblo. Más aún cuando el Partido del Trabajo, aliado formal de Morena, se convirtió en el principal promotor del voto revocatorio. Cuando tus aliados hacen campaña contra ti, no hay discurso que lo maquille.
Las denuncias del PT sobre acarreos, compra de votos, urnas “embarazadas” y presión a representantes de casilla no sorprenden. Lo verdaderamente revelador es que estas prácticas, supuestamente desterradas por la llamada transformación, reaparecen justo cuando el poder busca legitimarse a toda costa. La vieja política no se fue, cambió de camiseta.
Salomón Jara defendió que la revocación debía ser vinculante “con cualquier resultado”. Lo dijo antes de conocer los números. Después, el silencio fue más elocuente que cualquier declaración. Porque pedir reglas flexibles cuando se gobierna y estrictas cuando se compite es una confesión involuntaria, la fuerza real no necesita atajos.
Hasta aquí, Oaxaca. Pero el fondo es nacional.
El episodio ocurre justo cuando el oficialismo impulsa una reforma electoral que promete reducir costos, ajustar organismos y “devolverle el poder al pueblo”. El problema es que, mientras el discurso habla de democratización, la práctica revela control, simulación y miedo a la competencia real, incluso dentro del propio bloque gobernante. La consulta oaxaqueña no fue una anomalía local, fue un ensayo general de lo que pasa cuando el poder se acostumbra a aplaudirse solo.
Morena y sus aliados enfrentan hoy una paradoja incómoda. Cuanto más insisten en demostrar fuerza mediante ejercicios organizados desde el poder, más evidencian desgaste, fracturas internas y una ciudadanía menos dispuesta a validar rituales políticos vacíos. La democracia participativa no se decreta ni se coreografía; se construye con confianza, reglas claras y resultados creíbles.
La revocación de mandato terminó siendo un balazo en el pie del oficialismo. No porque el gobernador vaya a dejar el cargo, no lo hará, sino porque el ejercicio exhibió algo más profundo, que el control ya no garantiza consenso y que la movilización forzada no sustituye la legitimidad. Cuando se convoca al pueblo y el pueblo responde con dudas, el problema no es el pueblo.
Oaxaca no revocó a su gobernador, pero sí revocó una ilusión, la de que los mecanismos democráticos pueden usarse como propaganda sin costo político. A nivel nacional, el mensaje es claro. Si el poder insiste en simular fortaleza, terminará exhibiendo su mayor debilidad. Y esa, a diferencia de una consulta fallida, no se puede maquillar.
