Cada año llega el 8 de marzo y con él una escena que se repite casi con precisión ritual, discursos institucionales, comunicados oficiales, campañas en redes sociales y una avalancha de mensajes que recuerdan que el Día Internacional de la Mujer no es una celebración, sino una conmemoración.
Y tienen razón.
El problema es que, una vez que termina el día, el país vuelve a la normalidad. Esa normalidad en la que millones de mujeres siguen viviendo en condiciones de desigualdad, inseguridad, violencia doméstica, discriminación laboral o brechas de violencia que siguen siendo estructurales.
En los últimos años se instaló una narrativa política particularmente conveniente, que la llegada de una mujer a la presidencia de la República marcaría un punto de inflexión histórico para las mujeres mexicanas. El argumento parecía sencillo. Si el país tenía por primera vez a una mujer al frente del Ejecutivo federal, el empoderamiento femenino finalmente alcanzaría las estructuras del poder político.
La realidad, sin embargo, es más compleja.
La presencia de una mujer en la presidencia es, sin duda, un hecho simbólico relevante. Pero el símbolo no resuelve por sí mismo las estructuras profundas que sostienen la desigualdad. Los problemas que enfrentan las mujeres en México no nacen en la oficina presidencial ni desaparecen con un cambio de género en quien la ocupa.
La violencia, la impunidad, las fallas institucionales, la precariedad económica y la desigualdad estructural son fenómenos que atraviesan gobiernos, partidos y generaciones políticas. Pensar que el simple hecho de tener una presidenta resolvería décadas de rezago social es una simplificación política tan cómoda como ingenua.
Porque el verdadero desafío del 8 de marzo no está en los discursos ni en los mensajes institucionales. Está en lo que ocurre el 9 de marzo, el 10 de marzo y todos los días que siguen. Ahí es donde la discusión se vuelve incómoda.
Porque hablar en serio de igualdad implica revisar políticas públicas, presupuestos, instituciones de justicia, sistemas de seguridad y condiciones económicas que siguen afectando de manera desproporcionada a las mujeres. Implica reconocer que la agenda de género no puede convertirse en una herramienta de propaganda política ni en una bandera retórica que aparece cada año en el calendario para tranquilizar conciencias y producir fotografías oficiales.
Y ahí aparece la parte que más incomoda, cuando el feminismo se vuelve foto oficial, pero no política pública eficaz. Cuando se presume representación, pero no se reduce la impunidad. Cuando se repite la palabra igualdad, pero las mujeres siguen teniendo miedo de volver solas a casa.
Implica, sobre todo, aceptar que la igualdad real no se decreta desde el poder ni se resuelve con gestos simbólicos.
Se construye con resultados.
Y mientras eso no ocurra, el 8M seguirá siendo una fecha incómoda para el poder, porque recuerda todo lo que se dice en público y no se cumple en la realidad.
Por eso la pregunta que deberíamos hacernos cada 8 de marzo es mucho más incómoda que cualquier consigna, ¿qué sigue después del 8M?
Porque mientras la respuesta siga siendo únicamente discursos, hashtags, ceremonias oficiales y promesas recicladas, el problema seguirá exactamente dónde está.
