A partir del 21 de octubre, los vehículos con placas foráneas deberán tramitar un Pase Turístico para circular temporalmente por el estado de Nuevo León. El trámite será gratuito, podrá gestionarse en línea y tendrá una vigencia máxima acumulada de 30 días al año.
Quienes necesiten circular por más tiempo por razones laborales, académicas o de negocios tendrán que recurrir a un Registro Vehicular de Estancia Prolongada. En el papel suena sencillo. En la realidad regional, no tanto. Porque Nuevo León no es una isla y Monterrey mucho menos.
Para quienes vivimos en Coahuila, particularmente en Saltillo, Ramos Arizpe y toda la Región Sureste, trasladarse hacia Nuevo León no siempre es turismo. Muchas veces es trabajo, atención médica, aeropuerto, proveedores, clientes, escuela, logística industrial o simplemente la ruta natural para continuar hacia otros puntos del país y de Estados Unidos.
Hay personas que hacen ese recorrido todos los días. Empresas que lo hacen varias veces al día. Familias que dependen de servicios médicos en Monterrey. Trabajadores de Nuevo León que vienen diariamente a Coahuila y coahuilenses que hacen exactamente el trayecto contrario.
Eso se llama integración metropolitana y regional. Y precisamente por eso resulta difícil entender una política pública que, en lugar de facilitar esa integración, comienza colocando trámites adicionales en medio de ella. El gobierno de Nuevo León sostiene que el pase busca dar certeza administrativa, fortalecer la seguridad y mejorar el control vehicular.
Incluso la propia legislación estatal establece que debe garantizarse el libre tránsito mediante este permiso. El objetivo puede ser legítimo. El problema es la proporcionalidad. Treinta días al año pueden ser suficientes para alguien que visita Monterrey ocasionalmente. Para quien vive en Saltillo y trabaja allá tres veces por semana, esos treinta días se terminan antes de que acabe enero.
Si el problema son los vehículos que realmente residen de manera permanente en Nuevo León con placas de otra entidad para evitar obligaciones locales, entonces hay mecanismos administrativos específicos para identificarlos y regularizarlos.
De hecho, el propio gobierno ha reconocido que uno de los objetivos del esquema es lograr que quienes viven permanentemente en el estado cambien sus placas a Nuevo León. Perfecto. Pero una cosa es combatir una irregularidad y otra convertir a todos los vehículos foráneos en potencialmente sospechosos de ella.
No es lo mismo alguien que vive desde hace años en Monterrey utilizando placas de otro estado que una persona de Ramos Arizpe que va diariamente por trabajo. No es lo mismo. Y una buena regulación tendría que empezar precisamente por reconocer esa diferencia.
El Valle de México tiene restricciones vehiculares particulares porque existe una problemática ambiental específica, sistemas homologados de verificación y décadas de regulación construida alrededor de esa circunstancia.
Entre Coahuila y Nuevo León no existe un esquema equivalente que justifique tratar la movilidad interestatal cotidiana como una excepción que deba autorizarse. Samuel García ha construido buena parte de su narrativa alrededor de un Nuevo León moderno, competitivo y conectado. Precisamente por eso esta decisión resulta tan contradictoria.
Una región industrial no se fortalece poniendo pequeñas fronteras administrativas entre quienes todos los días la mantienen funcionando. Se fortalece quitándolas. Porque entre Coahuila y Nuevo León hay poco más que una carretera. Hay una sola región económica. Y quizá antes de inventar una “visa regia”, habría sido conveniente recordar precisamente eso.
