En noviembre de 2014, la noticia de una propiedad adquirida por Angélica Rivera, entonces primera dama de México y esposa del presidente Enrique Peña Nieto, desató una tormenta política que sacudió la vida pública nacional. La llamada “Casa Blanca” de Las Lomas, ligada a un contratista del gobierno, fue un parteaguas en el ánimo social, encendió el enojo ciudadano y fue un catalizador del enojo social hacia el gobierno priista. La sociedad civil, los medios y, de forma particularmente enérgica, el partido Morena, entonces en la oposición, exigieron explicaciones y sanciones. La presión fue tal que llevó a la propia primera dama a aparecer en un mensaje para detallar el origen de sus recursos.
Diez años después, los tiempos han cambiado, pero los escándalos inmobiliarios vuelven a la escena pública. Esta vez, el protagonista es el diputado morenista Arturo Ávila, quien posee una residencia en Rancho Santa Fe, una de las zonas más exclusivas de California, y cuyo directorio de vecinos incluye nombres como Bill Gates y Janet Jackson. El valor estimado de la propiedad ronda los cinco millones de dólares. La noticia, que en otros tiempos habría desatado indignación generalizada, ha recibido una respuesta tibia, casi inexistente, desde el oficialismo.
Más allá del caso particular, lo preocupante es la vara con la que se mide el comportamiento de los actores políticos. Cuando Morena era oposición, denunció con vigor y hasta con furia episodios similares. Hoy, desde el poder, guarda silencio o justifica a los suyos con explicaciones que antes habían considerado inadmisibles. Se apela a argumentos como que es “fruto de su trabajo” o que provienen de un “éxito empresarial previo” para justificar patrimonios millonarios, incluso cuando estos coinciden con trayectorias públicas financiadas por el erario.
El caso de Arturo Ávila no es aislado. A este se suman episodios documentados que involucran al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien habitó una residencia en Houston ligada a una empresa contratista de Pemex, a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a la exsecretaria de Energía y actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, por mencionar solo algunos. En todos los casos, las señales de posible conflicto de interés o de enriquecimiento opaco han sido respondidas con evasivas, minimizaciones o, en el peor de los casos, con el desprecio al escrutinio público.
Lo fundamental en una democracia no es únicamente la transparencia, sino también la coherencia ética. No puede haber credibilidad ni transformación verdadera si se exige honestidad con una mano mientras se tolera el abuso con la otra. La Cuarta Transformación nació de la indignación ante los excesos del pasado, pero se ha profesionalizado en repetirlos bajo nuevos colores y sin autocrítica.
La falta de respuesta ante estos escándalos no sólo erosiona la legitimidad de la autodenominada Cuarta Transformación, sino que aleja aún más a la sociedad de la esperanza de un país donde el poder sirva y no se sirva. Cuando la exigencia ética se convierte en estrategia política y no en principio permanente, se pierde el sentido de lo que significa gobernar con autoridad moral.
Lo que hoy se pide no es revancha ni linchamiento mediático. Se pide rendición de cuentas, la misma que en su momento se exigió a Peña Nieto y a su esposa. Se pide, en esencia, que el combate a la corrupción no sea una bandera electoral, sino una práctica de todos los días, incluso si eso significa revisar las cuentas de los propios.
Porque, al final, la lucha contra la corrupción no es creíble cuando sólo se mira hacia atrás. También, y sobre todo, se demuestra mirando al presente con el mismo rigor con el que se juzgó el pasado.
