Todo empezó con especulaciones, que después fueron rumores y hoy son acusaciones las que confirman la obvia relación entre el narcotráfico y actores del gobierno de la Cuarta Transformación, liderado, en papel por Claudia Sheinbaum, y en la realidad por Andrés Manuel López Obrador. Los indicios y las dinámicas políticas generan un terreno fértil para el debate. Cada día las “insinuaciones” sobre la participación del crimen organizado en la estructura de Morena, el partido en el poder, así como en el gobierno de la 4T, toman relevancia en la realidad.
La sombra de Morena es el crimen organizado. A estas alturas para nadie es desconocida la complicidad, infiltración, vínculos o cercanía de ciertos personajes. Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de algunos gobernadores de Morena que, en regiones de alta influencia del crimen organizado, han sido señalados abiertamente por tener lazos con los narcotraficantes. En algunos estados los señalamientos a diversos políticos aseguran que son financiados por grupos criminales, en un intento por asegurar su control territorial y evitar que la justicia se les interponga.
Además, algunos analistas políticos sostienen que la corrupción estructural en México es la columna vertebral de la Cuarta Transformación. En este sentido, no son pocos los que señalan que el régimen oficialista podría estar “negociando” con ciertos actores del narcotráfico para mantener el orden social o incluso obtener recursos para su proyecto político.
Existen también acusaciones indirectas, que han sido interpretadas como señales de la tolerancia o incluso complicidad con el crimen organizado. El caso de la negativa o la falta de acción en algunas investigaciones, como las de periodistas asesinados o la omisión en la persecución de líderes criminales, ha alimentado la percepción de que el gobierno permite que ciertos grupos operen con completa libertad.
No obstante, la presidenta y los líderes de Morena han rechazado tajantemente estas acusaciones, asegurando que su administración ha combatido la corrupción y el narcotráfico de manera más efectiva que las administraciones anteriores.
A nivel institucional, se destaca que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha sido clave en los esfuerzos por combatir el crimen organizado a través de la implementación de programas que buscan, en teoría, atacar las causas estructurales de la violencia. Sin embargo, muchos críticos señalan que algunas de las políticas públicas de la 4T están siendo auto saboteadas por intereses ligados a ciertos grupos criminales.
En cuanto a la estructura interna de Morena, se han filtrado informaciones de alianzas entre ciertos líderes del partido y figuras del crimen organizado, especialmente en regiones donde la presencia del narcotráfico es más fuerte. Esto alimenta la desconfianza sobre la transparencia de los procesos electorales y las prácticas internas del partido. En este contexto, las acusaciones de “narco-politización” han sido cada vez más frecuentes, a medida que algunos personajes de Morena son vinculados con “comportamientos sospechosos”.
En este sentido, no existen dudas sobre que la administración actual podría estar buscando un equilibrio para mantener un control territorial en algunas áreas del país, sin confrontar abiertamente a los grupos criminales más poderosos.
Todo indica que el narcotráfico y la política en México parecen estar más entrelazados que nunca, y la Cuarta Transformación transita de la mano de las sombras del crimen organizado.
