“Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad…”
No es una interpretación. No es una filtración resumida por terceros. Son las palabras que se escuchan en uno de los audios difundidos por Héctor de Mauleón y que hoy colocan a la gobernadora de Baja California en el centro de una de las mayores crisis políticas para Morena.
Y quizá lo más delicado no sea únicamente el contenido del audio. Lo verdaderamente relevante es el choque frontal con el discurso que el propio oficialismo ha construido durante los últimos meses.
Desde la cancelación de visas, las investigaciones periodísticas y los señalamientos provenientes de agencias estadounidenses, la narrativa fue prácticamente la misma, intervencionismo extranjero, ataques a la soberanía nacional, campañas de desprestigio y una supuesta estrategia para debilitar al gobierno mexicano.
Cada referencia a investigaciones provenientes de Estados Unidos ha sido presentadas como una agresión contra México. Cada nota periodística ha sido reducida a una conspiración. Cada crítica se etiqueta como un intento de intervención extranjera.
La soberanía se convirtió en bandera política. Hasta que la presión dejó de ser abstracta y comenzó a tocar la puerta de uno de los propios gobiernos emanados de Morena. Entonces apareció otra palabra. Cooperación.
No hay nada cuestionable, por sí mismo, en que dos países cooperen para combatir delitos o compartan información mediante los mecanismos legales establecidos. Eso ocurre todos los días entre gobiernos democráticos.
Lo que sí merece un análisis político es la extraordinaria elasticidad de los principios. Porque cuando la cooperación la busca un integrante del propio movimiento deja de llamarse intervencionismo. Cuando la interlocución beneficia a uno de los suyos deja de ser injerencia. Cuando la conversación ocurre para intentar resolver un problema personal, la soberanía desaparece del discurso. Y ahí aparece la contradicción.
Especialmente cuando en el mismo audio la gobernadora expresa su disposición para compartir aquello que conoce de las mesas de seguridad, mientras manifiesta preocupación por posibles cargos, sanciones o incluso una eventual extradición.
La contradicción resulta inevitable. Durante meses escuchamos que la DEA mentía. Que el FBI actuaba con intereses políticos. Que las investigaciones provenientes de Estados Unidos buscaban desestabilizar al gobierno mexicano. Que los periodistas que publicaban esos temas eran parte de campañas orquestadas desde el extranjero.
Sin embargo, cuando el problema adquiere nombre y apellido dentro del propio oficialismo, la narrativa cambia. Ya no se habla de intervencionismo. Se habla de cooperación. Los principios dejan de ser universales para convertirse en argumentos de ocasión. Y eso termina erosionando mucho más la credibilidad que cualquier audio filtrado.
La soberanía no puede invocarse como escudo frente a unos y desaparecer frente a otros. No puede ser un argumento cuando afectan a adversarios y, al mismo tiempo, quedar relegada cuando la presión alcanza a integrantes del propio movimiento.
Quizá esa sea la filtración más importante de toda esta historia. No la de una conversación privada. Sino la de un discurso político que, frente a la realidad, dejó de sostenerse sobre principios y comenzó a sostenerse únicamente sobre conveniencias.
Porque cuando la defensa de la soberanía depende de quién esté bajo investigación, deja de ser una convicción de Estado para convertirse en una estrategia de comunicación. Y en política, pocas cosas desgastan más que la distancia entre lo que se dice y lo que se hace.
