La reforma electoral de la presidenta no pasó. Y no pasó por una razón simple, brutal y profundamente política, no tenían los votos. Morena reunió 259 votos; enfrente tuvo 234 votos en contra y una abstención. Más allá del discurso oficial, el dato duro es ése, el oficialismo quiso rediseñar las reglas del juego y no logró construir la mayoría calificada para hacerlo.
No fue una derrota cualquiera. Fue una derrota reveladora. Porque la iniciativa no cayó sólo por el rechazo del PAN, PRI o Movimiento Ciudadano. Se cayó también porque el Partido Verde y el Partido del Trabajo, socios habituales del régimen, vieron oportunamente el tamaño del riesgo. El PT habló del “regreso del sistema del Partido de Estado” y rechazó la idea de un partido hegemónico; el Verde se desmarcó por el recorte al financiamiento y por el impacto desigual que tendría sobre la competencia política. Traducido al castellano de la vida real, hasta los aliados entendieron que la reforma no sólo golpeaba a la oposición, también podía terminar devorándolos a ellos.
Y ahí está el dato que más incomoda al oficialismo, la llamada “Ley Maduro”, como la bautizó la oposición, no encendió alarmas únicamente por venir de la Presidencia, sino por su contenido. La propuesta tocaba 11 artículos constitucionales, planteaba eliminar los 32 senadores plurinominales, rediseñar el acceso a las diputaciones de representación proporcional y reducir 25% del financiamiento público a partidos y al propio sistema electoral. En el papel podía venderse como austeridad y voto directo; en los hechos abría la puerta a un esquema de competencia mucho más desigual, con menos contrapesos y mayores incentivos para que el poder político se quedara con casi con todo.
Por eso el debate de fondo no era administrativo, sino democrático. Las reglas electorales no son un capricho técnico ni una hoja de Excel para bajar costos, son el andamiaje que permite la pluralidad, la alternancia y la representación de minorías. Modificarlas desde la imposición, sin consenso amplio, implica erosionar la confianza en el sistema. Así lo advirtió incluso el Frente Amplio Democrático, cambiar las reglas por mayoría simple de ánimo, aunque no de votos, pone en riesgo avances construidos durante décadas.
Ahora viene lo más delicado, el famoso Plan B. Y aquí conviene decirlo con todas sus letras. Hoy nadie sabe con precisión qué contiene, pero precisamente por eso preocupa. Cuando una reforma constitucional fracasa y de inmediato se anuncia una ruta alterna, lo razonable no es la tranquilidad sino la sospecha. Ricardo Monreal ya dijo que Morena empezará a construir ese Plan B, y diversos medios reportaron que, tras el rechazo, Morena y aliados revisaron opciones en Palacio Nacional. La experiencia mexicana enseña que, cuando el poder no puede entrar por la puerta principal, intenta colarse por la ventana reglamentaria, legal o presupuestal.
La trampa posible está ahí, no lograr el cambio constitucional, pero avanzar por la vía secundaria para debilitar al árbitro electoral, recortar recursos, alterar condiciones de competencia o redibujar las reglas sin asumir el costo político de una gran reforma abierta. Esa es la verdadera discusión. No se trata sólo de lo que no pasó, sino de lo que podría venir disfrazado de ajuste técnico, modernización institucional o “mandato del pueblo”.
Al final, la caída de la reforma deja una lección incómoda para el oficialismo. La democracia no se abarata destruyendo sus defensas. Y los aliados de Morena, esta vez, entendieron algo elemental, cuando un proyecto amenaza con concentrar demasiado poder, tarde o temprano también termina amenazando a quienes lo aplaudieron primero.
