Lenia Batres volvió a hacerlo. La ministra de la Suprema Corte encontró un asunto jurídico concreto y terminó explicando cómo, desde su particular visión del mundo, debería funcionar el sistema fiscal mexicano.
La Corte discutía si los recursos acumulados en la cuenta individual de Afore de un trabajador fallecido, entregados a sus beneficiarios, debían pagar Impuesto Sobre la Renta o recibir un tratamiento semejante al de una herencia o legado. La mayoría rechazó gravarlos.
Hasta ahí, una discusión jurídica perfectamente válida. Pero Lenia decidió ir más lejos. No sólo defendió el cobro del ISR sobre los recursos de Afore entregados a beneficiarios. Aprovechó la discusión para cuestionar que las herencias y los legados estén exentos y posteriormente escribió que “el único mecanismo de redistribución de la riqueza es el pago de impuestos”.
Y ahí aparece nuevamente el problema de fondo con la autodenominada ministra del pueblo. Lenia Batres parece confundir con extraordinaria frecuencia aquello que cree con aquello que jurídicamente le corresponde resolver.
Una ministra puede tener ideología. Evidentemente la tiene. Puede sostener opiniones económicas, sociales y fiscales. Puede considerar injusto que una persona reciba una herencia sin pagar impuestos. Incluso puede soñar con un país donde el Estado participe hasta en la lectura del testamento.
Lo que no debería perder de vista es la silla desde la que habla. La Suprema Corte no es un órgano legislativo. Los ministros no fueron colocados ahí para diseñar la política tributaria del país ni para determinar qué nuevos ingresos debe gravar el Estado. Su función es constitucional. Interpretar normas, resolver controversias y proteger el orden jurídico.
Crear impuestos corresponde al Poder Legislativo. Parece una obviedad. Pero en la nueva Corte hasta las obviedades comienzan a requerir explicación.
Hoy la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece expresamente la exención para los ingresos recibidos por herencia o legado. Si México quiere cambiar ese modelo fiscal, existe una ruta institucional perfectamente definida, presentar una iniciativa, discutirla en comisiones, escuchar especialistas, evaluar sus consecuencias económicas, debatirla y votarla en el Congreso. Eso se llama legislar.
Y no, una opinión pronunciada desde el Pleno de la Corte no sustituye ese proceso. El problema con Lenia no es únicamente que tenga una posición ideológica claramente identificable. El problema es la facilidad con la que convierte esa posición personal en una especie de parámetro desde el cual pretende interpretar la función jurisdiccional.
Resulta particularmente revelador que la propia presidenta Claudia Sheinbaum haya tenido que marcar distancia. “Yo no estoy de acuerdo”, respondió al ser cuestionada sobre gravar herencias y legados. Incluso dejó claro que su gobierno no pretende abrir ese debate.
Es decir, Lenia logró algo verdaderamente interesante, colocarse fiscalmente a la izquierda incluso de la Presidenta. Pero más allá de la anécdota, el episodio vuelve a exhibir una preocupación que he señalado desde la llegada de esta nueva integración de la Corte. La justicia constitucional no puede resolverse desde el “yo creo”. No importa si el ministro se considera del pueblo, conservador, progresista, transformador o heredero intelectual de Benito Juárez.
La Constitución no necesita ministros activistas buscando causas personales. Necesita juristas capaces de entender los límites de su función.
