Durante años, el oficialismo encontró en un nombre el eje perfecto de su narrativa, Genaro García Luna. Con él construyeron un discurso entero, una tesis política, una explicación de país. No era solo un exfuncionario acusado de vínculos con el narcotráfico; era la prueba viviente de que el poder estaba corrompido hasta la médula, de que el Estado había sido capturado y de que la llamada Cuarta Transformación venía, a limpiar lo que otros ensuciaron.
Bajo esa lógica, no había espacio para matices. La fórmula era simple y contundente, si un funcionario tiene vínculos con el crimen organizado, si existen testimonios, investigaciones, señalamientos reiterados y un contexto que lo respalda, entonces no hay duda posible. Es culpable. Y no solo culpable, sino símbolo de un sistema podrido.
Así se construyó la narrativa. Así se repitió todos los días. Así se convirtió en dogma.
Hoy, el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, coloca al oficialismo exactamente en el mismo lugar que durante años criticó con absoluta dureza. Las condiciones son incómodamente iguales, señalamientos persistentes, investigaciones periodísticas, testimonios indirectos, percepción social acumulada y ahora, incluso, presión y atención internacional. El guión es el mismo. Pero la reacción es monumentalmente opuesta.
Donde antes había certeza, hoy hay duda. Donde antes había condena inmediata, hoy hay prudencia. Donde antes se exigía cárcel, hoy se pide “esperar a que se investigue”. Donde antes se hablaba de corrupción estructural, hoy se habla de “ataques políticos”. La transformación, al parecer, también transformó los criterios.
Porque si algo ha quedado claro en este episodio es la impresionante capacidad del oficialismo para ejecutar una de sus disciplinas favoritas, la gimnasia moral. Esa habilidad casi olímpica para doblar argumentos, estirar principios y girar narrativas hasta que encajen con la conveniencia del momento.
Lo que ayer era evidencia, hoy es especulación. Lo que ayer era prueba suficiente, hoy es insuficiente. Lo que ayer era condena, hoy es persecución. Y todo con la misma convicción, con la misma seguridad, con la misma cara.
El caso Rocha Moya no solo incomoda por lo que implica, sino por lo que revela. Porque obliga al oficialismo a mirarse en el espejo de su propio discurso. Y ese espejo no es amable. Devuelve una imagen que contradice años de retórica, de acusaciones y de superioridad moral proclamada.
Durante el juicio de García Luna en Estados Unidos, el oficialismo no tuvo ningún reparo en asumir como válidos testimonios, declaraciones de criminales, versiones indirectas y narrativas construidas en tribunales extranjeros. No exigieron sentencias firmes para opinar. No pidieron prudencia. No hablaron de soberanía. No cuestionaron la legitimidad del proceso. Al contrario, celebraron cada señalamiento como si fuera una verdad revelada.
Hoy, cuando el foco apunta hacia uno de los suyos, la historia cambia. Ahora sí importa la presunción de inocencia. Ahora sí hay que cuidar el debido proceso. Ahora sí hay que desconfiar de las versiones que vienen del extranjero. Ahora sí se invoca la soberanía nacional.
El caso de Sinaloa es particularmente delicado por el contexto en el que ocurre. No estamos hablando de un estado cualquiera. Estamos hablando de una entidad históricamente vinculada al narcotráfico, donde la línea entre poder político y poder criminal ha sido, durante décadas, casi inexistente. En ese entorno, la exigencia de claridad no es opcional. Es obligatoria.
Mientras tanto, el oficialismo sigue ejecutando sus maromas. Ajustando discursos, reinterpretando principios, acomodando argumentos. Tratando de sostener una historia que, cada vez más, se parece a la que juraron venir a sustituir.
Hoy, la moral dejó de ser absoluta y se volvió selectiva.
