Me niego a dejar pasar de lado estos hechos. Las universidades, ya sean públicas o privadas, no pueden permitirse el mínimo de injusticias, y no solo por la deuda histórica de muchas décadas, sino porque la juventud no debe ser formada bajo los landmarks del capitalismo de: la salud, la educación y la justicia son para los ricos, para los que pueden pagarlo. Nuestras democracias no fueron diseñadas para que los juniors tomaran el poder y determinaran el rumbo de nuestras vidas. Que se vayan a administrar los negocios de sus papis.
El antepasado viernes, las instalaciones del Tecmilenio, campus Las Torres, en Nuevo León, se convirtieron en el escenario de una protesta que no solo conmueve, sino que también indigna. Estudiantes, padres de familia y miembros de la comunidad educativa alzaron la voz para exigir justicia por Rudy, un joven de 16 años con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), quien denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte de al menos cinco compañeros en los baños del plantel. Este caso no es solo un acto de violencia repudiable; es un síntoma de un sistema que falla en proteger a los más vulnerables y en garantizar espacios seguros para el aprendizaje.
La protesta no surgió de la nada. Fue la respuesta natural ante la impotencia y el enojo que genera ver cómo un joven, en plena formación, es violentado en un lugar que debería ser sinónimo de seguridad y crecimiento. Rudy, según los testimonios, fue golpeado y agredido sexualmente el 11 de marzo en el baño del tercer piso del plantel. Sin embargo, lo más preocupante no es solo el acto en sí, sino la respuesta (o la falta de ella) por parte de las autoridades escolares. La directora del plantel, Alejandra Preciado, declaró que no tenían una denuncia formal por la agresión, pero ¿acaso es necesario esperar a que una víctima traumatizada formalice una denuncia para actuar? ¿Dónde quedaron los protocolos de prevención y atención a la violencia? ¿Dónde estuvo la empatía y el sentido de urgencia?
Aquí no se trata solo de un caso aislado de bullying o acoso escolar. Esto es un reflejo de una cultura que normaliza la violencia y que, en muchos casos, prefiere mirar hacia otro lado antes de enfrentar problemas incómodos. Los estudiantes que protestaron no lo hicieron solo por Rudy; lo hicieron por todos aquellos que han sido silenciados, por todos los que han sufrido en soledad y por todos los que han visto cómo sus denuncias caen en el vacío. Su grito es claro: basta de impunidad, basta de indiferencia.
Y mientras los estudiantes protestaban, las autoridades parecían más preocupadas por la imagen de la institución que por la justicia. La directora habló de “protocolos” y “bienestar”, pero sus palabras sonaron huecas ante la falta de acciones concretas. Por su parte, el gobernador Samuel García se pronunció en redes sociales, asegurando que las víctimas cuentan con su apoyo y que no se protegerá a ningún agresor. Palabras que pudieran parecer loables, sin duda, pero que deben traducirse en hechos. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya inició una investigación, pero el camino hacia la justicia es largo y lleno de obstáculos.
Lo ocurrido en el Tec Milenio es una señal de alerta. Un llamamiento de que algo está podrido en nuestro sistema educativo y en nuestra sociedad. Necesitamos menos espectáculo y más reflexión. Menos likes y más acción. Menos comunicados y más compromiso. Porque, al final del día, la educación no es solo un negocio; es la base de nuestro futuro. Y si no la cuidamos, estaremos condenados a repetir estos bochornos una y otra vez.
