El caso del hijo de Marcelo Ebrard viviendo durante meses en la residencia oficial de la Embajada de México en Reino Unido, es uno de los escándalos que nacen desde dentro del propio sistema. No solo por lo que exhibe, sino por la forma en que salió a la luz.
Los hechos no están en discusión. Ebrard admitió en la mañanera que su hijo estuvo en la residencia diplomática; dijo que fue por la preocupación de un padre en tiempos de pandemia. Sin embargo, la información elevó el tamaño del problema, no fueron unas cuantas semanas, fueron meses, con personal de servicio de la sede diplomática atendiéndolo dentro de un inmueble reservado para funciones oficiales del estado mexicano.
Y ahí está el verdadero fondo del asunto. No se trata de afectos familiares, ni de la angustia de un padre, ni de la conmovedora versión de que todo obedeció a la pandemia. Se trata de una pregunta simple y mucho más incómoda, ¿desde cuándo una residencia oficial del Estado mexicano puede convertirse en alojamiento extendido para un familiar de un alto funcionario sin cargo público alguno?.
Peor todavía, el Código de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores, prohíbe utilizar bienes, inmuebles, recursos humanos, materiales o financieros para fines distintos a los asignados, y además obliga a no aprovechar el cargo para beneficio propio o de terceros. Ese código fue emitido precisamente cuando Ebrard era canciller. El problema no es solo político o moral; es administrativo, institucional y profundamente patrimonial.
Porque cuando un inmueble público se usa para fines privados, cuando personal pagado con recursos públicos termina atendiendo a alguien sin función oficial, cuando el Estado pone techo, servicio y logística a disposición del hijo de un secretario, el discurso de austeridad se vuelve decoración y la ética pública queda reducida a nada. El oficialismo podrá intentar disfrazarlo de gesto humano, pero los bienes del Estado no existen para tranquilizar la paternidad. Existen para servir a México, no para resolver la vida cotidiana de sus familias.
Lo más interesante de este caso es el momento político en que aparece. Ebrard es hoy secretario de Economía, sigue siendo un actor con ambición, con peso propio y con aspiraciones que nunca se han extinguido del todo. Que un episodio así salga en este momento no puede leerse como un accidente inocente. Al contrario, huele a fuego amigo.
Porque para que una historia así saliera con ese nivel de detalle, tuvo que existir información desde dentro de la propia estructura diplomática y burocrática.
Eso vuelve el caso todavía más delicado. No solo exhibe un privilegio desproporcionado; también evidencia que dentro del oficialismo alguien quiso exhibirlo. Y cuando en Morena o en el ecosistema del poder empiezan a filtrar episodios que tocan de manera directa a una figura con aspiraciones, no es para hacer catarsis moral, sino para marcar territorio.
Ebrard, al defenderse, no logró desactivar el problema. Lo empequeñeció. Dijo que estaban magnificando el tema, como si el verdadero exceso no fuera haber utilizado durante meses una residencia oficial, sino que alguien se atreviera a contarlo. Esa reacción es casi un reflejo clásico del poder, minimizar el privilegio, relativizar el abuso y presentar la crítica como mezquindad. Pero no, el tamaño del escándalo no lo da la prensa; lo da la dimensión del privilegio.
Por eso este caso retrata tan bien una de las peores deformaciones del morenismo gobernante, la facilidad con la que convierte lo público en una extensión de lo personal. Lo mismo da una residencia diplomática, un aparato partidista o una tribuna oficial. Todo se mezcla. Todo se justifica. Todo se somete a la lógica del privilegio propio, mientras se predica una superioridad moral que hace mucho dejó de ser doctrina para convertirse en parodia.
