En México, hablar de seguros siempre ha sido hablar de desigualdad. Apenas una minoría de la población cuenta con pólizas de gastos médicos mayores o seguros de vida. La mayoría navega a la deriva, confiando en un sistema de salud público que, aunque indispensable, arrastra carencias históricas. Ahora, con los incrementos anunciados para 2026, el panorama se vuelve más sombrío: los seguros se perfilan como un “producto de lujo”, inaccesible para la clase media y prácticamente imposible para los sectores populares.
El problema no es sólo económico, sino cultural. Durante décadas se ha intentado fomentar la cultura de la prevención, pero cada vez que el bolsillo aprieta, la prevención se convierte en un lujo prescindible. Y si las aseguradoras trasladan el IVA y otros costos al usuario final, como advierten los expertos, el mensaje es claro: quien quiera seguridad, que la pague y caro.
Los seguros médicos mayores son, en teoría, una herramienta para aliviar la fragilidad del sistema público. Pero cuando su precio se dispara, se convierten en un espejo cruel: reflejan la precariedad de los hospitales públicos y, al mismo tiempo, la voracidad de las aseguradoras. El ciudadano queda atrapado entre dos fuegos: un sistema público insuficiente y un sistema privado prohibitivo.
El diputado Jericó Abramo Masso lo dijo sin rodeos: las aseguradoras obtienen ganancias “suculentas” y aun así elevan sus pólizas más de 40%. No se trata de cuestionar que hagan negocio, sino de señalar que el negocio se ha vuelto abusivo. En otras palabras, el seguro ya no es un contrato de confianza, sino un recordatorio de que la salud también se mercantiliza.
Lo que ocurre con los seguros es metáfora de lo que ocurre con México: la desigualdad se institucionaliza. Tener acceso a salud privada, educación de calidad o vivienda digna depende cada vez más del ingreso, y menos de la ciudadanía. El seguro, que debería ser un puente hacia la tranquilidad, se convierte en un muro que separa a quienes pueden pagar de quienes no.
En el fondo, la discusión no es técnica ni fiscal, sino ética. ¿Queremos un país donde la prevención sea privilegio? ¿O uno donde la seguridad financiera y médica sea parte de la vida cotidiana? La respuesta no está sólo en las aseguradoras, sino en el Estado, que debe garantizar un sistema público eficiente y regular los excesos privados.
Porque, seamos francos: nadie se despierta soñando con pagar una póliza. La gente quiere vivir tranquila, sabiendo que si se enferma no tendrá que hipotecar la casa o endeudarse de por vida. Pero hoy, esa tranquilidad cuesta más que nunca. Y mientras tanto, los discursos oficiales hablan de inclusión financiera, cuando en la práctica se castiga a quienes intentan prevenir.
El seguro debería ser como el cinturón de seguridad: algo que todos usamos, sin pensar en el costo. Pero en México se está convirtiendo en un accesorio de lujo, como un auto blindado o un reloj suizo. Y esa es la verdadera tragedia: cuando la prevención se vuelve privilegio, la vulnerabilidad se vuelve destino.
