“Todos los fines del Estado son motivo de protección constitucional y cualquier afectación a esos fines debe ser punible”, esta reciente afirmación de la ministra Lenia Batres Guadarrama no es una ocurrencia aislada ni un desliz retórico. Es, en realidad, una declaración de principios. Y como toda declaración de principios, obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de Estado se está imaginando?
Porque cuando el Estado se convierte en el centro absoluto de protección constitucional, por encima de cualquier otra consideración, lo que se está planteando no es una democracia fortalecida, sino una arquitectura donde el poder se protege a sí mismo. No al ciudadano. No a sus libertades. No a sus derechos. Al Estado.
La historia ya nos enseñó cómo suenan esas ideas cuando se llevan a la práctica. Regímenes que afirmaban que nada debía estar por encima del Estado terminaron por anular lo más elemental, la dignidad individual. Bajo esa lógica, cuestionar al poder no es un derecho, es una amenaza; disentir no es libertad, es una desviación; y criticar no es participación, es un acto punible. Suena exagerado… hasta que deja de serlo.
Porque el problema no es la frase en sí, sino el contexto en el que se pronuncia. No viene de un catedrático en un aula ni de un teórico en un libro. Viene de una ministra de la Suprema Corte, una figura que debería representar equilibrio, interpretación constitucional y defensa de derechos.
Pero aquí la lógica parece invertida, no es la Constitución la que limita al poder, sino el poder el que redefine qué debe proteger la Constitución.
Y entonces, inevitablemente, la memoria regresa a esa vieja aspiración del poder absoluto, convertirse en algo más que una institución. Volverse incuestionable. Volverse incuestionado. Volverse indispensable.
Durante años se nos dijo que el poder emanaba del pueblo y que su única función era servirle. Hoy, desde algunas voces del oficialismo, pareciera que el pueblo sigue siendo importante… siempre y cuando coincida con el Estado. Porque cuando no coincide, entonces se convierte en un obstáculo. La ironía es brutal, en nombre del pueblo se construye un discurso que, en los hechos, limita al propio pueblo.
No es la primera vez que vemos este tipo de pensamiento. La idea de que el Estado encarna un fin superior, casi moral, ha sido utilizada históricamente para justificar excesos, silencios y concentraciones de poder. Siempre empieza igual, con una frase que suena lógica, incluso necesaria. Y siempre termina igual, con un poder que deja de rendir cuentas porque ya se considera justificado por su propia existencia.
El riesgo no está en una ministra. Está en lo que representa. Porque cuando desde el poder se comienza a normalizar que todo aquello que afecte al Estado debe ser castigado, la línea entre gobernar y controlar se vuelve peligrosamente delgada. Y cuando esa línea desaparece, lo que queda ya no es una democracia robusta, sino un sistema que se protege a sí mismo de cualquier forma de incomodidad.
Tal vez no estemos frente a un nuevo absolutismo. Pero sí frente a una narrativa que coquetea peligrosamente con él. Y como siempre en estos casos, todo comienza con una frase.
