Este primero de junio, México vivió una jornada histórica: por primera vez, la ciudadanía eligió directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Esta reforma, impulsada por el gobierno federal y aprobada en septiembre de 2024, busca democratizar la justicia. Sin embargo, más allá de las urnas, surgen interrogantes sobre los desafíos que enfrenta el país en esta nueva etapa.
Como decía Norberto Bobbio: «El problema de la democracia no es quién vota, sino quién decide». Y en México, quienes deciden siguen siendo los mismos de siempre: los que tienen dinero, los que tienen influencias, los que juegan ajedrez con las leyes mientras el pueblo sigue siendo peón.
A pesar de que el 72% de la población considera necesaria la elección judicial, solo el 34% afirmó que votaría con certeza. Factores como la falta de información sobre los candidatos, la complejidad de las boletas y un presupuesto electoral diez veces menor al de elecciones anteriores contribuyeron a una participación limitada.
La reforma ha sido objeto de críticas por parte de expertos y observadores internacionales. Se señala que la elección popular de jueces podría comprometer la independencia judicial y aumentar la influencia de intereses políticos en el sistema de justicia. Además, un estudio del Observatorio Electoral Judicial alertó sobre inequidades en la distribución de vacantes y candidaturas, así como la opacidad en los resultados.
La elección judicial representa un intento por acercar la justicia al pueblo. Sin embargo, para que esta reforma sea efectiva, es necesario fortalecer la participación ciudadana y garantizar mecanismos que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas. La democracia no se limita al acto de votar; implica una ciudadanía informada y activa en la toma de decisiones.
El país enfrenta el reto de consolidar un sistema judicial que sea verdaderamente independiente y al servicio de la sociedad. Esto requiere de reformas adicionales que fortalezcan las instituciones, promuevan la educación cívica y fomenten la participación ciudadana en todos los niveles.
En palabras del politólogo Norberto Bobbio, «la democracia es el gobierno de las reglas públicas». Para que estas reglas sean efectivas, deben ser conocidas, comprendidas y defendidas por todos los ciudadanos.
México tiene la oportunidad de construir una democracia más participativa y justa. Pero para lograrlo, es fundamental que la ciudadanía se mantenga vigilante, crítica y comprometida con el fortalecimiento de sus instituciones.
La elección judicial es solo el comienzo. El verdadero trabajo comienza ahora.
