Hace unos días se vivió en México un operativo militar de gran escala, enfrentamientos, muertos, carreteras bloqueadas y un país entero pendiente de los movimientos de un grupo criminal. La captura, y abatimiento, de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, no sólo representa un golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación; es también el reconocimiento tácito de algo que durante años se negó desde Palacio Nacional.
Durante el sexenio pasado se nos explicó, con paciencia pedagógica y tono de sermón matutino, que la estrategia de Felipe Calderón había sido poco menos que el pecado original de la violencia en México. Se nos dijo que la militarización era el problema, que bastaba con atender las causas, repartir programas y repetir que el amor todo lo puede. “Abrazos, no balazos”, como si la seguridad pública fuera un taller de desarrollo humano.
Y sin embargo, ahí está la escena, fuerzas armadas desplegadas, inteligencia operativa, intercambio de fuego y un Estado actuando exactamente como se juró que nunca se actuaría. No hay maroma retórica que alcance para explicar por qué lo que antes era “guerra irresponsable” hoy se presenta como “acción necesaria”.
Porque seamos claros, cuando el Estado ejecuta un operativo de esta magnitud, reconoce implícitamente que la política de contención pasiva no funcionó. Y cuando la reacción criminal provoca bloqueos y ataques coordinados en más de veinte entidades, queda en evidencia el tamaño que alcanzaron las organizaciones bajo la cómoda excusa del discurso.
Durante años escuchamos que en México no había territorios dominados por el narco, que todo estaba bajo control, que el país no era un narcoestado. Mientras tanto, el CJNG expandía presencia, consolidaba redes y demostraba una capacidad logística que hoy se mide en la facilidad con la que puede paralizar regiones enteras. Resulta que el problema no era mediático… era real.
Decir que López Obrador dejó crecer al narco no es una consigna de oposición, es una lectura de los hechos. La estrategia de minimizar, humanizar o simplemente ignorar a los grupos criminales tuvo consecuencias visibles. El crimen organizado no se desmovilizó por decreto ni se disolvió por discursos de buena voluntad.
Aquí aparece la ironía inevitable, quienes durante años señalaron la “guerra” como símbolo de fracaso hoy terminan ejecutando operativos de alto impacto y celebrando resultados que, en otro contexto, habrían condenado. La historia, como siempre, tiene un peculiar sentido del humor.
Nada de esto significa romantizar la confrontación ni ignorar los costos humanos que implica. Significa reconocer que el Estado no puede renunciar a su obligación de ejercer autoridad frente a organizaciones que disputan territorio, economía y control social. La alternativa, mirar hacia otro lado, sólo fortalece a quienes entienden el poder en términos de fuerza.
El episodio deja una lección incómoda para el oficialismo y para el país, la seguridad no se construye con consignas ni con relatos tranquilizadores. Se construye con estrategia, inteligencia, coordinación… y sí, a veces con decisiones que contradicen los discursos más repetidos.
Al final, por más que se intente reinterpretar lo ocurrido, el mensaje es claro y casi inevitable, Calderón tenía razón en algo esencial. Al crimen organizado no se le contiene con abrazos. Y quizá la pregunta más pertinente no sea quién tenía razón, sino cuánto tiempo, y cuántas vidas, nos tomó aceptarlo.
