Durante la administración de Samuel García en el gobierno de Nuevo León, un consorcio empresarial ha recibido 820 millones de pesos del DIF Nuevo León. Este consorcio contrató los servicios del despacho propiedad del gobernador y su padre, Samuel García Mascorro.
Tras la adjudicación de millonarios contratos por parte del gobierno de Nuevo León a Comercializadora Don Cacahuato, una empresa que forma parte de Grupo Cimarrón, el consorcio utilizó una filial llamada Distribuidora Damago para pagarle 4.6 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho del mandatario.
Este intercambio forma parte de un patrón en el que empresas privadas del gobernador y exempleados convertidos en funcionarios participan en la entrega de recursos públicos.
Según su perfil de LinkedIn y notas periodísticas, Miguel Ángel Sánchez Rivera, primer director del DIF Nuevo León en la administración de Samuel García y quien realizó 14 pagos a Comercializadora Don Cacahuato, trabajó en la firma del gobernador entre 2015 y 2016.
En mayo, se informó sobre otro exempleado del despacho de Samuel García que se convirtió en funcionario de Nuevo León y adjudicó contratos por 175 millones de pesos a una consultora privada para resolver litigios fiscales del gobierno estatal.
