La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los recursos provenientes de la eliminación de organismos autónomos en México serán destinados, en gran parte, a financiar un aumento salarial para las fuerzas armadas. Esta decisión refuerza el papel central del Ejército en la administración actual y responde a la creciente influencia de esta institución en áreas estratégicas del país.
Este anuncio se suma a medidas recientes como el cobro de una nueva tarifa de 42 dólares para pasajeros de cruceros, también orientada a generar ingresos para las fuerzas armadas. Aunque estas acciones buscan asegurar la financiación de proyectos y operaciones militares, han generado críticas de sectores empresariales, especialmente del turismo, que advierten sobre los impactos negativos en la industria de cruceros y el riesgo de ahuyentar inversiones.
Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército ha asumido responsabilidades inusuales, como la construcción y operación de proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la nueva aerolínea Mexicana. Sin embargo, varios de estos proyectos han enfrentado dificultades económicas: el Tren Maya, por ejemplo, solo ha transportado el 20% de los pasajeros previstos en su primer año de operación, mientras que la aerolínea Mexicana continúa registrando pérdidas.
La eliminación de los organismos autónomos, aprobada recientemente por el Senado, también ha generado controversia. Mientras Sheinbaum argumenta que la medida reducirá costos y hará más eficiente la administración pública, críticos nacionales e internacionales temen que esto concentre aún más el poder en el partido gobernante, Morena, y disminuya la transparencia y el equilibrio en las decisiones gubernamentales.
Ante crecientes déficits presupuestarios y la necesidad de financiar grandes proyectos de infraestructura y los costos del Ejército, el gobierno de Sheinbaum ha apostado por estas estrategias como soluciones inmediatas. Sin embargo, estas decisiones podrían tener repercusiones económicas y políticas a largo plazo, especialmente en sectores clave como el turismo y la inversión extranjera.
