La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de abrir un expediente para analizar si tiene facultades para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, impulsada por su gobierno. Según Sheinbaum, este acto está “completamente fuera de la norma” y calificó el proceso como “más un golpe aguado que un golpe de Estado”, asegurando que la reforma no está en peligro, ya que fue avalada por el pueblo.
Durante su conferencia, la mandataria enfatizó que la aprobación de la reforma cumplió con todos los requisitos y procedimientos legales para modificar la Constitución, y que la intención de la Corte es provocar al gobierno para que responda con un juicio político. “No lo vamos a hacer”, afirmó, añadiendo que “quieren demostrar que somos un gobierno autoritario, pero no lo somos. Somos un gobierno democrático, electo por el pueblo”.
Sheinbaum recordó que la propuesta de reforma fue avalada por el pueblo y ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, subrayando que su gobierno no caerá en provocaciones y que la verdadera razón por la que algunos se oponen a la reforma es para mantener sus privilegios.
En una presentación, Sheinbaum destacó que su coalición cuenta con mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, lo que le da respaldo constitucional a la reforma. Asimismo, defendió la asignación de plurinominales en el Congreso, señalando que está respaldada por la Ley Electoral y la Constitución, a pesar de las críticas de la oposición sobre una supuesta sobrerrepresentación.
La presidenta también recordó que durante su campaña, el pueblo de México le expresó la necesidad de reformar el Poder Judicial, a través de encuestas a mano alzada en sus mítines, donde los asistentes apoyaron la propuesta de elegir a jueces y magistrados por voto popular.
Por otro lado, los ministros de la SCJN, por mayoría de ocho votos, afirmaron que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) les otorga la facultad para resolver controversias legales que afecten la autonomía del Poder Judicial y la independencia de sus integrantes. Sin embargo, aclararon que la admisión de la consulta no implica aún una decisión final sobre el fondo de las impugnaciones.
Tres ministras, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, votaron en contra, siendo Esquivel quien calificó el proceso como “el preámbulo de un golpe de Estado constitucional” en contra de las decisiones adoptadas por el Poder Legislativo.
