La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de catalogar a los cárteles de droga como organizaciones terroristas ha generado preocupaciones legales, especialmente para las empresas que operan en América Latina. De acuerdo con expertos consultados, esta medida podría exponer a las compañías estadounidenses a cargos por «apoyo material a un grupo terrorista» si se encuentran involucradas en pagos a cárteles para asegurar el paso de mercancías o personas.
La lista de grupos designados como terroristas incluye organizaciones de gran notoriedad, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. A partir de esta designación, las autoridades estadounidenses podrían perseguir judicialmente tanto a empresas como a migrantes que hayan financiado a estos grupos, con el riesgo de enfrentar procesos penales.
Este panorama no es solo una amenaza para las empresas de Estados Unidos, sino también para aquellas de otras nacionalidades que operan en la región. En el pasado, empresas extranjeras han sido procesadas por realizar pagos a organizaciones terroristas, como sucedió con la cementera Lafarge, que en 2022 se declaró culpable de pagar a grupos terroristas en Siria.
Además de los riesgos penales, los expertos señalan que la nueva política podría impactar el comercio entre Estados Unidos y sus socios en Latinoamérica, dada la relación comercial entre los países. El volumen de comercio entre Estados Unidos y México, por ejemplo, supera los 475 mil millones de dólares anuales, lo que hace aún más relevante la implicación de los cárteles en este contexto.
La legislación estadounidense también abre la puerta a demandas civiles, permitiendo que las víctimas de la violencia de los cárteles, o sus familias, demanden a aquellos que hayan facilitado la operación de estos grupos. Esto ya ocurrió en el caso de Chiquita Brands International, que fue condenada a pagar millones por sus pagos a grupos paramilitares en Colombia.
En cuanto a los migrantes, expertos advierten que el nuevo estatuto podría llevar a una persecución más agresiva, especialmente hacia aquellos que hayan pagado a cárteles para cruzar la frontera de forma ilegal. Esta legislación podría resultar en penas mucho más severas, lo que incrementaría los riesgos para personas que, en muchos casos, solo buscan una mejor calidad de vida.
