El pasado 11 de diciembre, el Senado aprobó la reforma que prohíbe el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos, y que fue ratificada por la mayoría de los Congresos locales. Sin embargo, aún falta la declaratoria constitucional que permita su promulgación y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que implica que la ley no ha entrado en vigor y, por ende, las sanciones por el uso y venta de estos productos no podrán ser aplicadas.
La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que las sanciones definitivas serán establecidas en las leyes secundarias. Esto significa que, hasta que se aprueben estas disposiciones adicionales, los consumidores y vendedores de vapeadores no están sujetos a multas o castigos legales. Según la reforma, el objetivo principal de esta legislación es reducir los riesgos de salud asociados con el uso de cigarrillos electrónicos, que incluyen daños respiratorios, cardiovasculares, mutagénicos, y otros problemas relacionados con el consumo de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente.
El líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, destacó que el proceso legislativo aún no ha culminado, lo que deja en incertidumbre las consecuencias para los consumidores de estos productos. Moreira reconoció que aún no se definen con claridad las sanciones, y criticó que durante las discusiones legislativas no se haya abordado el problema de fondo relacionado con las adicciones en México, un tema que debería haberse incluido de manera más amplia en el debate.
En cuanto a las sanciones que se implementarán, la ley establece que se castigará toda actividad relacionada con los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, pero aún no se precisa la naturaleza de las penalizaciones, como multas o acciones más drásticas. El dictamen también contempla la derogación de todas las disposiciones legales que se opongan a esta reforma, lo que significaría un cambio sustancial en la regulación de productos relacionados con el tabaco y las sustancias nocivas para la salud.
Además, la reforma otorga un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico en las leyes secundarias y ajustar la normativa relacionada con el control de los vapeadores. También se establece un plazo de un año para que los congresos locales adapten sus propias leyes a la nueva normativa.
Este movimiento legislativo es una respuesta a los crecientes riesgos para la salud pública que se asocian con el consumo de cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de vapeo, que han ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre los jóvenes. Las autoridades federales y locales han señalado que el consumo de estos productos puede ser tan perjudicial como el de los cigarrillos tradicionales, debido a las sustancias químicas que contienen, como el propilenglicol, glicerina y nicotina.
Aunque el debate sobre la regulación de los vapeadores continúa, el objetivo principal de la reforma es proteger la salud de la población y evitar el crecimiento de la adicción al tabaco y otros productos de riesgo. Sin embargo, la falta de un marco legal claro y la incertidumbre sobre las sanciones siguen siendo temas de discusión y preocupación entre los legisladores y la sociedad.
La comunidad médica y diversos grupos de salud pública han aplaudido la iniciativa, pero han señalado que el trabajo aún no está completo y que se deben reforzar las medidas educativas y preventivas para reducir el consumo de estos productos en la población más vulnerable, especialmente los adolescentes.
